Francisco Turrión es hidrogeólogo y trabajaba en la Confederación Hidrográfica del Segura, el organismo público que gestiona la cuenca más seca de España. Entre 2005 y 2009 perforó ochenta pozos en Murcia. Sabía dónde estaba el agua porque se había pasado media vida sacándola.
En 2017 firmó un informe para Greenpeace en el que decía algo incómodo sobre su propia casa: que las cuentas del agua de la cuenca del Segura estaban mal hechas, porque el plan hidrológico solo computa el agua que baja por el río y deja fuera la que hay en los acuíferos. Hechos los números completos, sostenía, la cuenca no sería deficitaria. Tendría un superávit de unos 200 hectómetros cúbicos al año, y el trasvase Tajo-Segura podría cerrarse en tres años.
Lo dice él sin ningún eufemismo: «El déficit hídrico del que se habla en la cuenca del Segura es un artificio contable, es un error numérico que en mi opinión se estableció para poder justificar el trasvase Tajo-Segura y otros nuevos trasvases.»
En diciembre de 2017 su propia Confederación le abrió expediente y le impuso seis meses de suspensión de empleo y sueldo, por faltas calificadas de muy graves.
En marzo de 2019 un juzgado anuló la sanción. No por un defecto de forma. La sentencia declaró que «el auténtico móvil» del expediente era «coartar la libertad de expresión» del funcionario, recordó que «un contrato de trabajo no implica la privación de derechos que la Constitución reconoce» y condenó a la Confederación Hidrográfica del Segura a pagarle 12.000 euros por daños morales.
Aquí viene lo importante, y conviene decirlo antes de que nadie lo use en contra: podría ser que Turrión se equivocara en la cifra. Sus cálculos están discutidos técnicamente y las objeciones son serias. Se le reprocha haber subido la precipitación de la cuenca de los 7.132 hectómetros oficiales a 7.610, haber bajado la evapotranspiración del 89,4% al 80% sin explicar por qué, y sobre todo haber contado dos veces el agua infiltrada, lo que generaría unos 700 hectómetros que no existen.
Yo no puedo dirimir esa discusión, y no voy a fingir que sí. Pero hagamos una cosa: pongámonos en el peor caso para él. Supongamos que quienes le rebaten tengan toda la razón y que en el Segura no sobre ni un hectómetro. Aun así, o más bien precisamente entonces, el caso sigue siendo grave.
Un error de cálculo se rebate con otro cálculo, y sale gratis. Si los números de Turrión estaban mal, bastaba con publicar los números buenos y dejarlo en ridículo delante de sus colegas. En vez de eso se le abrió expediente, se le dejó medio año sin cobrar y un juez tuvo que decir por escrito que el objetivo era callarlo. Nadie gasta un expediente disciplinario en silenciar a alguien que se equivoca solo.
📹 Entrevista a Francisco Turrión sobre el agua subterránea y los trasvases (vídeo, 7 minutos, en la versión completa del artículo en el blog).
Puede parecer una pelea de funcionarios. No lo es, y esta es la idea que sostiene todo lo demás.
Cuando se dice que una cuenca tiene déficit de agua, eso no es una medición. Es una cuenta. Alguien decide qué entra en la suma y qué se queda fuera: si se cuenta el agua subterránea o solo la superficial, qué porcentaje se da por evaporado, cuánta agua se le reserva al río antes de repartir el resto. Cambie una de esas decisiones y la misma cuenca pasa de deficitaria a excedentaria sin que haya caído una gota más.
Y de esa cuenta cuelga todo lo demás: cuánta agua se trasvasa, quién puede regar, cuántas hectáreas se mantienen en producción y qué precio acaba teniendo lo que usted compra.
Que no es teórico se está viendo ahora mismo. El trasvase Tajo-Segura ha movido en la última década unos 320 hectómetros cúbicos al año. Las nuevas reglas de explotación, construidas sobre los caudales ecológicos del Plan Hidrológico del Tajo, lo bajan a 248 hectómetros en 2026 y 193 en 2027. Un recorte de en torno al 40%. Y el 13 de mayo de 2026 el Tribunal Supremo cerró la vía judicial al desestimar el recurso del sindicato de regantes, fijando que el caudal ecológico es una restricción previa y superior a cualquier uso: va por delante del regante, del abastecimiento y de la industria.
Traducido a lo concreto, que es lo que casi nunca se traduce:
Ciento veintisiete hectómetros cúbicos menos al año es agua de riego para decenas de miles de hectáreas de huerta en Murcia, Alicante y Almería. Esa agua no se sustituye sola. Lo que la sustituye es agua desalada, que cuesta varias veces más porque hay que bombearla y desalarla, y ese sobrecoste lo paga primero el agricultor y después usted en el supermercado. Cuando el agua sube lo suficiente, el cultivo deja de salir a cuenta: la finca se abandona o se vende, y el tomate, la lechuga y el pimiento vienen en camión desde Marruecos. Ha ocurrido ya con otros cultivos y no hay ninguna razón para pensar que este vaya a ser distinto.
Se puede estar a favor de esa decisión. Hay argumentos ambientales serios para dar prioridad al río, y no los voy a caricaturizar. Lo que no se puede es hablar de ello como si fuera el clima. Esos ciento veintisiete hectómetros no se los ha llevado la sequía. Se los ha llevado una decisión, tomada por escrito, con fecha y confirmada por el Supremo.
Si lo anterior le suena abstracto, hay un ejemplo que lo vuelve muy concreto, y es de la ciudad más seca de España.
En Murcia capital hay unos doscientos edificios que tienen que achicar agua del subsuelo de forma constante. Son sobre todo los que tienen dos o tres sótanos: el agua entra sola, y hay que bombearla día y noche hacia la red de alcantarillado para que no se inunden los coches. Si en Murcia se fuera la luz un par de días, los vehículos de los sótanos más profundos acabarían con el agua a la altura de las ventanillas.
Los vecinos pagan la electricidad de esas bombas. Y además pagan un peaje a la empresa municipal del agua por verter al alcantarillado y depurar lo que sacan, porque va a parar a una depuradora. Es decir: agua limpia del subsuelo, bombeada a costa del vecino, enviada a depurar como si fuera residual, y pagando por ello dos veces.
La pregunta que se cae de madura es por qué los regantes de la huerta de Murcia no pueden usar esa agua en vez de tirarla. Y la respuesta es exactamente la tesis de este artículo, así que léala despacio: porque el plan hidrológico dice que la cuenca del Segura es deficitaria, y en una cuenca deficitaria no se pueden otorgar nuevas concesiones.
Léalo otra vez. Hay agua, sale sola, molesta, cuesta dinero sacarla, y no se puede usar para regar porque un documento dice que no la hay. No la prohíbe la naturaleza. La prohíbe una cuenta.
Y no es un fenómeno de un par de sótanos. Turrión dirigió entre 2005 y 2009 la batería estratégica de pozos de sequía de la cuenca, ochenta pozos en Murcia, Orihuela, Lorca y Puerto Lumbreras que llegaron a movilizar del orden de 135 hectómetros cúbicos al año de agua potable. Describe pozos de cuatrocientos metros en los que el agua sube y sale sola a la calle, y niveles medidos durante diez años en los que el acuífero no solo no se vaciaba sino que algún pozo ganaba presión. Aquello funcionó durante toda la sequía de 2005 a 2009 y, dice él, mientras funcionó nadie fue a Madrid a pedir trasvases.
Aquí entramos en su testimonio personal, y como tal lo doy, porque no lo puedo verificar: cuenta que un jefe suyo le pidió enseñar todos esos pozos en funcionamiento a un equipo de televisión, para que la opinión pública se quedara tranquila. Estuvieron una mañana grabando, poniendo pozos en marcha. No se emitió nunca. Al preguntar, dice que le respondieron que desde la comunidad autónoma habían hecho saber que no sería bueno que aquello se supiera.
Su explicación de por qué es la frase más afilada de toda la entrevista: «El día que los murcianos vean su propia agua, les va a dar igual el Tajo. Van a exigir la suya.»
Y sobre el fondo del asunto, que es cuánta agua hay ahí abajo, esta vez no hace falta creerle a nadie. Un estudio del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales y el Departamento de Física de la Universidad Autónoma de Barcelona, publicado en la revista PNAS, midió con radio-228 como trazador natural la descarga de agua subterránea al conjunto del Mediterráneo. El resultado: ese caudal que se va al mar por debajo es comparable al de los ríos y puede llegar a ser hasta quince veces mayor.
Quince veces. Por cada Segura que usted ve llegar al mar, puede haber hasta quince Seguras que no ve. No es agua disponible sin más, conviene decirlo: parte está sobreexplotada, parte contaminada por nitratos y parte a profundidades cuyo bombeo cuesta una fortuna. Pero es agua que existe y que no entra en la cuenta que decide si usted puede regar.
Hay otra cifra que decide sobre el agua española, y con esta el problema no es que esté discutida. Es que no está.
El 20 de mayo de 2020 la Comisión Europea publicó su Estrategia sobre la biodiversidad de aquí a 2030, que fija un objetivo con número y con fecha: que al menos 25.000 kilómetros de ríos de la Unión vuelvan a ser de caudal libre en 2030, «mediante la eliminación de los obstáculos esencialmente obsoletos». España lo ejecuta a través de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, y el Ministerio para la Transición Ecológica lleva la cuenta en su propio documento: 737 azudes y presas obsoletas demolidos en ríos españoles, 105 de ellos en 2021 y 139 en 2022.
El ritmo europeo no ha parado desde entonces: en 2025 se retiraron 603 barreras en el continente, quinto récord anual consecutivo, y España fue el tercer país con 109.
Fíjese bien en la unidad de medida, porque es la clave de lo que viene. El objetivo no se mide en demoliciones. Se mide en kilómetros de río liberado. Derribar una barrera no es el fin, es el medio. Lo que justifica el gasto son los kilómetros.
El colectivo Aguaiuris hizo un trabajo que la Administración no hizo: reunió con datos oficiales el listado completo, barrera por barrera. No es una cifra suelta, son 559 registros con nombre, cauce, provincia, municipio, coordenadas, altura, organismo que ejecutó la obra y kilómetros reconectados. Ese fichero es público y el mérito de haberlo recopilado es suyo. Lo que sigue sale de sumar sus columnas.
Las 559 barreras suman 1.427 kilómetros reconectados. Pero al mirar registro por registro aparece esto:
477 de las 559 demoliciones, el 85%, figuran con cero kilómetros. Todo el kilometraje lo aportan 82 actuaciones. En ocho de cada diez expedientes, el beneficio que justifica la obra no está anotado.
Y hay una comparación que lo pone en perspectiva. En 2025 las 603 demoliciones europeas declararon 3.740 kilómetros reconectados, unos 6,2 kilómetros por barrera. El listado español acumulado da 2,55 de media, y eso contando los ceros. Son fuentes y periodos distintos y no conviene forzar la comparación, pero el orden de magnitud dice algo: o en España se reconecta mucho menos por cada demolición, o no se está anotando lo que se reconecta.
Antes de seguir, una precisión honesta que juega en contra de lo que suele contarse sobre esto: la mayoría de lo demolido es pequeño. La altura mediana de las 559 barreras es de 1,24 metros. No son pantanos y no se está desmantelando la capacidad de embalsar agua de España. Quien diga eso miente, y le regala el argumento al primero que abra la hoja de cálculo.
Pero el problema no era el tamaño. Era el resultado.
Junto lo anterior en cuatro frases, porque cada una es comprobable por separado y la suma es lo que importa:
Es decir: hay un programa en marcha, cada vez más rápido, financiado con impuestos, cuyo resultado la Administración no está en condiciones de acreditar. O no se está midiendo, o no se está consiguiendo. Las dos posibilidades son malas y no hace falta elegir entre ellas para exigir una explicación.
Dicho de la manera más simple que se me ocurre: si mañana usted quisiera saber qué se consiguió exactamente derribando el azud de su río, y cuánto costó, la respuesta no existe en ninguna parte.
No estoy diciendo que haya un delito, y no lo voy a decir porque no lo sé y porque nadie ha acreditado que se dictara resolución injusta alguna. Estoy diciendo algo más aburrido y más difícil de negar: que esto es un problema de justificación del gasto público, del tipo que debería mirar el Tribunal de Cuentas, y que a un programa que gasta y acelera hay que poder pedirle que enseñe lo que ha conseguido.
Merece la pena recorrer la cadena entera, porque se puede verificar escalón por escalón y porque el recorrido responde solo a la pregunta que casi nadie hace.
Cuatro escalones y ni una sola papeleta. Ningún ciudadano español ha votado nunca si quería 25.000 kilómetros de río libre, ni si prefería 320 hectómetros de trasvase o 193. No aparecía en ningún programa electoral, no se ha sometido a referéndum, y sin embargo está decidido, tiene fecha y se está ejecutando ahora mismo.
Y nada de esto es secreto. Está en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Boletín Oficial del Estado y en la web del ministerio, con sus PDF y sus tablas. No hizo falta esconderlo, porque publicar algo que nadie lee funciona igual de bien que ocultarlo.
Este es el punto en el que normalmente se termina pidiendo que se comparta el artículo. Voy a pedir otra cosa, que molesta más y cuesta veinte minutos.
La Ley 19/2013 de transparencia le da a cualquier ciudadano derecho a pedir información a la Administración. No hace falta ser parte interesada, ni tener abogado, ni pagar nada, ni justificar para qué la quiere. Se hace por internet y tienen un mes para contestarle.
Escriba a la confederación hidrográfica de su cuenca y pregunte tres cosas concretas:
Fíjese en lo que pasa entonces, porque no hay salida buena para ellos. Si contestan con los kilómetros, tenemos por fin el dato que falta y podremos saber si el programa sirve para lo que dice servir. Y si contestan que no consta, eso ya es la respuesta, por escrito, firmada y oponible: estarían reconociendo que se demuele sin medir el resultado.
Y si somos unos cuantos los que preguntamos a la vez, y luego publicamos lo que nos contesten, la cuenta que nadie estaba llevando empieza a existir.
Dos números y una persona, y con eso se resume todo.
Un hidrogeólogo se quedó seis meses sin sueldo por discutir cuánta agua tiene una cuenca. Y hay un programa que ha demolido 737 barreras en nombre de unos kilómetros de río que en el 85% de los casos nadie ha apuntado.
En España el agua no se mide: se reparte. Y se reparte con cifras que, cuando alguien las discute, se defienden con un expediente, y cuando alguien las busca, resulta que no se han anotado.
Este verano volverán a explicarle la sequía mirando al cielo. Fíjese en que es la única parte de la que se habla, y pregúntese por qué, porque resulta ser también la única sobre la que usted no puede hacer absolutamente nada. De lo que cae o deja de caer del cielo hay mucho que hablar, y lo hablé aquí.
Pero la parte que decide si usted riega, si su vecino cierra la finca y cuánto paga por el tomate no baja de ninguna nube. Está firmada, está fechada, está publicada y no la ha votado nadie.
Queda una pregunta que este artículo no responde y que conviene dejar planteada: ¿para qué sirve que creamos que el agua es escasa?
Turrión tiene su respuesta, y no la insinúa: nombra tres intereses concretos. Se la doy con sus palabras, y que quede claro que es su opinión y no un hecho probado.
El primero, «el lobby del hormigón», que según él busca «convencernos de que hay que hacer más presas, más trasvases, más canales y más desaladoras porque no hay agua suficiente». Quien construye la infraestructura de la escasez necesita que la escasez exista.
El segundo, las empresas agroexportadoras y lo que él llama «los aguatenientes». Y aquí conviene leerlo literal, porque es la pieza que más se parece a un móvil: quieren «que el reparto del agua que está hecho siga así y que el gobierno no oferte más agua a los pequeños y medianos regantes para que no se creen nuevas empresas de exportación de productos hortofrutícolas». Es decir, el agua que no llega al pequeño regante no es agua perdida: es competencia que no nace.
Y el tercero, el negocio del agua urbana, gestionada por empresas privadas y mixtas, a las que atribuye interés en «hacernos creer que hay muy poca agua» para que, «cuando nos suban el recibo todos los años un 8%, un 10%, no protestemos porque pensemos que no tenemos agua suficiente».
Eso es lo que dice él. Yo no puedo demostrar ninguna de esas tres intenciones y no voy a fingir que sí. Lo que sí puedo hacer es poner al lado tres documentos que existen, y dejar que usted decida si encajan o no con lo que acaba de leer.
Uno. La Directiva Marco del Agua establece en su artículo 9 que los Estados «tendrán en cuenta el principio de la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes medioambientales y los relativos a los recursos», y que la política de precios debe dar «incentivos adecuados para el uso eficiente». Traducido: hay una norma europea en vigor desde el año 2000 que empuja a que el agua se pague a coste completo. No es una sospecha sobre el futuro, es derecho vigente.
Dos. El Ministerio para la Transición Ecológica mantiene una sección propia dedicada a la recuperación de costes, donde cita ese artículo 9 y explica cómo se aplica en la planificación hidrológica española. Otra vez lo mismo: no hay nada que destapar, está en su web.
Tres. El 7 de diciembre de 2020 el CME Group y Nasdaq abrieron a negociación los futuros sobre el índice Nasdaq Veles California Water. Es el primer mercado de futuros del agua del mundo. Conviene precisarlo para que nadie exagere: es agua de California, la liquidación es financiera y no se entrega ni un litro, y no tiene relación alguna con el Segura ni con el Tajo. Lo que demuestra ese contrato no es que nos estén vendiendo el agua, es algo más sobrio y más definitivo: el agua ya es un activo financiero cotizado, y alguien decidió que hacía falta un instrumento para especular con su precio.
Una norma que ordena ponerle a cada gota su coste completo. Un ministerio que la desarrolla. Un mercado donde el precio del agua se negocia. Y en medio, una cuenca cuyas cuentas nadie puede discutir sin quedarse sin sueldo, y un programa de demoliciones que no anota lo que consigue.
No le voy a decir qué figura dibujan esas tres piezas juntas. Pero sí le voy a explicar el mecanismo por el que el agua cambia de manos en España, porque no tiene nada de misterioso y está escrito en la ley.
Cuando el agua es para regar, la concesión va unida a la tierra. Lo dice la Ley de Aguas: el concesionario tiene que ser el propietario de las fincas que se riegan. Y de ahí sale la consecuencia que importa, que es que no se puede vender el derecho al agua sin vender la finca, ni vender la finca reservándose el derecho al agua. Van siempre juntos. Quien compra la tierra, compra el agua.
Ahora encaje eso con todo lo anterior, y verá que no hace falta ninguna trama.
Al pequeño regante se le recorta el caudal que recibe y se le encarece el que le queda, hasta que la explotación deja de dar beneficio. Un agricultor en esa situación no aguanta dos campañas: vende la finca. Y con la finca se va la concesión de agua, obligatoriamente, porque la ley no le permite separarlas aunque quisiera. ¿Y quién la compra? Quien sí puede pagar el agua a coste completo. Que no es otro pequeño regante.
Repita esa operación unos miles de veces, campaña tras campaña, comarca tras comarca. Al cabo de dos décadas el agua de una región ha pasado de estar repartida entre cientos de familias a estar concentrada en unas pocas manos con capital. Sin un solo decreto de privatización, que no existe ni hace falta, y sin que ninguna de esas operaciones sea ilegal: cada una es una compraventa privada entre dos particulares, perfectamente legítima por separado.
Así es como se privatiza un bien público sin privatizarlo: se encarece hasta que el pequeño no puede pagarlo, y se espera. Eso es lo que yo veo cuando pongo las piezas en fila. Júzguelo usted, que para eso le dejo todas las fuentes ahí abajo.
Los datos de demoliciones proceden de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos del Ministerio para la Transición Ecológica y del listado por barreras recopilado con datos oficiales por el colectivo Aguaiuris. Los porcentajes de kilómetros reconectados son cálculo propio sobre ese listado, y cualquiera puede repetirlo: son 559 filas y basta sumar una columna. Dejo aquí el fichero para que no haya que fiarse de mi palabra. Va con los acentos reparados: el original venía con las tildes y las eñes rotas por un problema de codificación, que afectaba a los nombres de municipios y ríos pero a ninguna cifra.
📄 Descargar el listado de los 559 azudes y presas demolidos (hoja de cálculo, recopilación de Aguaiuris con datos oficiales).
La sentencia que anula la sanción, declara que el móvil real era «coartar la libertad de expresión» del funcionario y condena a la Confederación Hidrográfica del Segura a indemnizarle con 12.000 euros por daños morales: eldiario.es
La apertura del expediente por el informe sobre el trasvase, que documenta el origen del conflicto y su fecha: eldiario.es
Las objeciones técnicas a sus cálculos, que recojo en el artículo porque son serias y porque el argumento no depende de que Turrión tuviera razón en la cifra. La enlazo precisamente por ser una fuente contraria a su tesis: paisajesdelagua.wordpress.com
Estudio del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales y el Departamento de Física de la Universidad Autónoma de Barcelona, publicado en PNAS, que cuantificó con radio-228 la descarga de agua subterránea al Mediterráneo y concluyó que puede llegar a ser hasta quince veces la aportación de los ríos. Es la fuente del dato, y es revisada por pares: el «quince veces» no es una cifra de divulgación: uab.cat
Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia (Emuasa), sociedad mixta participada al 51% por el Ayuntamiento de Murcia y al 49% por un operador privado, que es la que gestiona el ciclo urbano del agua en el municipio y la que cobra por el vertido y la depuración: emuasa.es
Los datos sobre los pozos de sequía, los edificios que achican agua del subsuelo y el episodio del reportaje que no se emitió proceden del testimonio del propio Turrión en la entrevista enlazada al principio del artículo. El testimonio personal lo doy como lo que es y lo señalo en el texto.
Las nuevas reglas de explotación y su calendario: de los cerca de 320 hm³ anuales de la última década a 248 en 2026 y 193 en 2027, en torno a un 40% menos: elespanol.com
La sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2026 que desestima el recurso del Sindicato Central de Regantes y consolida la doctrina de que el caudal ecológico es una restricción previa y superior a cualquier uso del agua: elespanol.com
Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030, Comunicación de la Comisión Europea de 20 de mayo de 2020, de donde sale el objetivo de al menos 25.000 km de ríos de caudal libre «mediante la eliminación de los obstáculos esencialmente obsoletos»: eur-lex.europa.eu
Estrategia Nacional de Restauración de Ríos del Ministerio para la Transición Ecológica. Es la fuente de la cifra de 737 azudes y presas obsoletas demolidos (página 23), de la tabla por demarcación y año, y del texto del Reglamento de Restauración de la Naturaleza que obliga a los Estados a inventariar las barreras y a eliminarlas: miteco.gob.es
Geoportal del ministerio con la capa descargable de azudes y pequeñas presas obsoletas demolidas, ubicación incluida. Lo enlazo para que se vea que no hay nada oculto: cualquiera puede bajarse los datos: miteco.gob.es
Página de seguimiento e implantación de la Estrategia, con los informes anuales de ejecución y los indicadores por demarcación: miteco.gob.es
Informe Dam Removal Progress 2021, de Dam Removal Europe y la World Fish Migration Foundation: 239 barreras retiradas en Europa ese año, 108 de ellas en España. Lo cito porque es la fuente que lo celebra, no la que lo denuncia: damremoval.eu
Balance de 2025, que es el dato vigente y el que uso en el artículo: 603 barreras eliminadas en Europa, quinto récord anual consecutivo, 3.740 km reconectados y España en tercer lugar con 109. Doy esta cifra y no la de 2021 porque España ya no encabeza la lista, y exagerarlo sería regalar la corrección: infobae.com
El listado de 559 azudes y presas demolidos, recopilado con datos oficiales por el colectivo Aguaiuris, va enlazado más arriba para su descarga. De sus columnas salen, por cálculo propio, las tres cifras que doy en el artículo: 1.427 km reconectados en total, 477 registros con cero kilómetros, el 85%, y una altura mediana de 1,24 metros. Cualquiera puede repetir las tres sumas, y le pido que lo haga.
Directiva 2000/60/CE, Marco del Agua, publicada en el BOE. Su artículo 9 es el que establece la recuperación de los costes de los servicios del agua, incluidos los costes medioambientales y los del recurso, y la política de precios como incentivo: boe.es
Sección del Ministerio para la Transición Ecológica dedicada a la recuperación de costes, donde cita ese artículo 9 y explica su aplicación en la planificación hidrológica española: miteco.gob.es
Nota de prensa del CME Group anunciando el lanzamiento, el 7 de diciembre de 2020, de los futuros sobre el índice Nasdaq Veles California Water, el primer mercado de futuros del agua del mundo: prnewswire.com
Texto refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001). Es la norma que ata la concesión de riego a la tierra, de donde sale que el derecho al agua y la finca no se pueden vender por separado, y la que regula en sus artículos 67 y 68 la cesión de derechos al uso privativo de las aguas entre concesionarios: boe.es
Ficha del procedimiento de concesión de aguas para riego en la sede electrónica del ministerio, donde consta que en riego el agua va unida a la tierra y que el concesionario ha de ser el propietario de las fincas regadas: sede.miteco.gob.es
Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Es la que ampara el derecho a preguntar sin ser parte interesada, sin abogado, sin coste y sin justificar el motivo, con un mes de plazo para la respuesta: boe.es
Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, desde donde se presenta la solicitud: transparencia.gob.es
El material de partida procede del trabajo de recopilación del colectivo Aguaiuris y de la investigación de Nauzet Morgade. Las cifras, fechas y comprobaciones son mías, hechas contra el articulado europeo, los documentos del ministerio, sentencias y hemeroteca. Donde el material de origen no coincidía con lo que dicen esos documentos lo he dicho expresamente, y donde no he podido comprobar algo, también.
Publicado originalmente en skunk1.blog.
