Las formas en que se expresa la creciente y cada vez más profunda crisis política, económica y social de Venezuela son bien conocidas. Desde 2013, el país tiene la inflación más alta del mundo, que este año se ubica por primera vez en el rango de lo que se define como hiperinflación. Una continua recesión en su tercer año consecutivo y un bajo nivel de reservas de divisas tienen como consecuencia no solo escasez de alimentos y de productos de uso diario, sino también una emergencia severa en el sector de la salud. Adicionalmente, tras la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, una profunda polarización entre los dos mayores bloques políticos, la fuerza de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la alianza opositora.
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) fue la base para un bloqueo de los poderes políticos entre el gobierno y el Parlamento, que se manifestó durante muchos meses en la lucha por un referéndum para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro, previsto por la Constitución bolivariana de 1999. Después de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de suspenderlo, el conflicto llegó a su nivel más álgido. Para una parte de la población venezolana, la esperanza de una solución para el empantanamiento político estaba puesta en un referéndum que permitiría revocar el mandato del presidente. El referéndum revocatorio es, pues, una criatura del chavismo. A diferencia, por ejemplo, del proceso de impeachment en Brasil, aquí no se trata de un instrumento jurídico, sino de un instrumento político con carácter democrático. El chavismo le dio a la población la posibilidad de revocar antes de tiempo el mandato de sus representantes. En 2004 se aplicó la figura del referéndum revocatorio contra su propio progenitor, Chávez, quien sin embargo salió victorioso de la consulta popular con 59% de los votos.
En la MUD no hubo consenso sobre si tiene sentido un referéndum revocatorio sin nuevas elecciones posteriores. Algunos sectores consideraron que hacerlo en 2017 carecería completamente de sentido y se preguntaron: ¿Por qué tendríamos que ayudar al chavismo a deshacerse de su principal problema, Nicolás Maduro, sin recibir nada a cambio? Al mismo tiempo, casi no hubo forma de presionar al CNE para que fijara una fecha antes del 10 de enero de 2017.
Finalmente, todas las discusiones y consideraciones sobre la fecha del revocatorio se cancelaron el 20 de octubre, cuando el CNE suspendió el proceso de recolección de firmas hasta nueva instrucción judicial
Ante este nuevo escenario, considerado por la oposición una ruptura del orden constitucional, la MUD lanzó la convocatoria a una serie de movilizaciones en el marco de la campaña denominada «Toma de Venezuela». La decisión del CNE profundizó una dinámica de confrontación entre el PSUV y la MUD que fortalece el endurecimiento de las posturas de ambas fuerzas. Además, alimentó el temor de que ocurra una explosión social. Henrique Capriles, ex-candidato presidencial y líder del partido opositor de centroderecha, ya había advertido periódicamente sobre una explosión social debida a un aplazamiento del referéndum hasta 2017. Dichas movilizaciones se realizaron desde el mes de abril de 2017, las cuales dejaron un saldo de mas de cien fallecidos.
