El incendio de Burgohondo, en Ávila, se dio por estabilizado el 6 de agosto de 2026 tras quince días activo y más de 50.000 hectáreas arrasadas. Es el mayor incendio forestal del que hay registro en España, y superó por más de doce mil hectáreas el récord anterior, que era del verano pasado.
Quince días. Retenga ese número.
La explicación oficial ya la conoce: el cambio climático. Y con ella se cierra el asunto todos los agostos. Pero hay un dato que esa explicación no puede sortear: en los años setenta, sin UME, sin la flota aérea de hoy y con una fracción de los medios actuales, un gran incendio se extinguía en poco más de un día. Hoy la mediana pasa de ocho. Los medios se han multiplicado y el fuego dura cada vez más. Si el clima fuera la variable determinante, esa curva no podría ir en esa dirección.
Lo que ha cambiado no es la meteorología. Es la gestión. Y en algunos tramos de esta historia, la gestión se parece demasiado a una decisión.
La pregunta de este artículo no es si hay incompetencia: la hay, y abundante. Es si veinte años de decisiones que van todas en la misma dirección, que producen siempre el mismo resultado y que benefician siempre a los mismos, siguen pudiendo llamarse incompetencia. Sostengo que no, y voy a intentar demostrarlo sin recurrir a un solo documento secreto. Todo lo que necesito está publicado, votado y firmado. La parte que nadie ha publicado no es el plan: es el método.
El gráfico procede del trabajo de Civio sobre la Estadística General de Incendios Forestales, el registro oficial. Mide el tiempo de extinción de los incendios de más de 500 hectáreas, que son el 0,6 por ciento del total pero se llevan más del 40 por ciento de la superficie quemada.
Hay una objeción legítima: parte de esa subida es un cambio de criterio, porque hoy se alarga la fase de control y remate. Concedido. Pero eso explica una parte de la pendiente, no una multiplicación por seis, y no explica que en agosto de 2025 ardieran unas 360.000 hectáreas en quince días, ni que el año cerrara con 393.079, el peor registro desde 1994.
Empiezo corrigiendo un dato que circula mucho y que no se sostiene. Se repite que el Gobierno «recortó un 30 por ciento» la partida contra incendios. No he encontrado fuente que lo respalde a escala estatal, y las cifras oficiales van en sentido contrario: el gasto en extinción subió más de un 34 por ciento entre 2024 y 2026, y el de las BRIF un 47.
El dato real es peor que el bulo. Lo que se ha desplomado no es el dinero para apagar, es el dinero para que no haya nada que apagar. Entre 2009 y 2022 la inversión en prevención cayó un 51 por ciento, de 364 millones anuales a la mitad, mientras la extinción se mantenía estable en torno a los 417. Hoy alrededor del 78 por ciento del gasto va a extinción y poco más del 20 a prevención. Y ni lo poco que se presupuesta se gasta: en 2026, en plena ola de fuegos, Extremadura dejó sin ejecutar 44 millones de su presupuesto de prevención, casi la mitad.
Se financia la fotografía del hidroavión y se desfinancia el desbroce que nadie fotografía.
La causa material de un gran incendio no es el calor, es el combustible acumulado. Antes el monte se comía: lo comían las cabras y las ovejas, se recogía leña, se quemaba rastrojo en invierno, se desbrozaba porque el monte era la despensa de un país rural. Un monte trabajado arde mal. Hoy el pueblo está vacío, la ganadería extensiva es residual y la quema tradicional está sepultada bajo permisos y responsabilidades penales.
Aquí hay que ser exacto, porque la versión que corre exagera y al exagerar se vuelve refutable: las quemas y el desbroce no están prohibidos. Están sometidos a autorización, a normativa autonómica y a ventanas de calendario cada vez más estrechas, y el propietario responde de lo que pase. El efecto práctico es el mismo, casi nadie lo hace ya, pero no es lo mismo, y decirlo mal le regala al adversario la refutación fácil.
Lo que sí es literal es el desequilibrio de esfuerzo. Hay un aparato entero del Estado, con el SEPRONA a la cabeza, dedicado a vigilar que el vecino no toque el monte, y casi nadie dedicado a que el monte esté limpio. Se persigue con más diligencia la infracción que la maleza.
El contrafuego consume el combustible por delante del frente y le corta el paso. Contra lo que suele decirse, no es ilegal: la Ley 43/2003 de Montes autoriza en su artículo 48 al director técnico de la extinción a ordenarlo, incluso sin permiso de los propietarios del terreno que se va a quemar. Lo que ocurre es otra cosa, y es peor: la responsabilidad personal si sale mal es tan alta que casi nadie lo firma. Un director de extinción que deja arder tres mil hectáreas siguiendo el protocolo no responde de nada; el que quema doscientas para salvar tres mil y se le tuerce el viento responde de todo. Con ese reparto de incentivos, la técnica desaparece sola. No hace falta prohibirla.
Vídeo: Ramón Cantillo, a los 77 años, explica cómo se apagaba antes. «No quiero morirme sin que los que vean este vídeo sepan que había otra forma de apagarlo cuando no teníamos medios ninguno.»
El corolario judicial lo convierte en escándalo. El 17 de agosto de 2025 la Guardia Civil detuvo a un vecino de Petín, en Ourense, de 61 años, por prender un contrafuego que frenó las llamas que bajaban hacia varias casas. Quedó en libertad al día siguiente, investigado y con obligación de comparecer los días 1 y 15. Ese es el dato exacto: no ingresó en prisión, al contrario de lo que se ha repetido. Lo que sí es cierto es que la Fiscalía pidió prisión provisional eludible con 2.000 euros de fianza, y que unas doscientas personas se plantaron en el juzgado de A Pobra de Trives a pedir su libertad.
La ley permite el contrafuego. Lo permite al mando. Al vecino que hace lo mismo porque el mando no está allí lo espera un procedimiento penal. En un país donde el mando tarda quince días en apagar un monte, esa asimetría no es un tecnicismo: es la razón por la que la técnica que funciona no se usa.
Circula además la historia de un invento español arrinconado: el Ecofire, del ingeniero oscense César Sallén, presentado en 2023. Se dice que apaga cuarenta veces más rápido que el agua, que la UME aprobó su eficacia y que no recibe un euro público. Lo incluyo con lo que he podido y no he podido comprobar.
El producto existe y está comercializado. La prensa lo cubrió en 2023 con la cifra que después se ha repetido en todas partes. Está compuesto de fibra de celulosa y almidón, actúa formando una barrera térmica que encapsula la llama, y su aplicación más documentada es el control de incendios de baterías de litio en vehículos eléctricos, que es un problema real y muy mal resuelto por los medios convencionales. Aquí, la presentación, con la equivalencia que resume su interés: un camión con 3.000 litros por cincuenta camiones de agua.
Ahora lo que no he podido comprobar, porque el lector merece saber dónde acaba lo verificado. La cifra del cuarenta a uno procede del fabricante y de las notas de prensa que la reprodujeron; no he encontrado un ensayo independiente publicado que la certifique en incendio forestal. Tampoco registro público de una aprobación formal de la UME, que es cosa distinta de que algún efectivo lo haya probado. Y su composición exacta es secreto industrial, lo cual es legítimo en una empresa y a la vez es justo lo que impide que un tercero la evalúe.
Con eso sobre la mesa, la versión que defiendo es más modesta y sigue siendo grave: hay un producto español con recorrido que apenas se ha probado en campo forestal y que no está recibiendo el impulso público que su inventor cree merecer. Para eso no hace falta una conspiración. Basta la lentitud habitual de una administración que compra donde siempre compró.
El 26 de enero de 2024, en Valladolid, la Junta de Castilla y León entregó 60 vehículos pick-up equipados con kits de extinción a agrupaciones de Protección Civil, por cerca de tres millones de euros. Sesenta, no «cientos» como se ha dicho; la cifra es de la nota de prensa de la propia Junta.
La denuncia de agosto de 2025 es que esa flota no se activó, y viene documentada desde dentro. Una agrupación de voluntarios de un pueblo de León, registrada como colaboradora de extinción y con medios propios, contó por escrito que Protección Civil de Castilla y León le respondió que no podía acudir hasta ser activada, y que la activación no llegó nunca.
Y no era la primera vez. El mismo correo alude a un precedente que también está por escrito: la respuesta del Centro Coordinador de Emergencias de Castilla y León a las agrupaciones que se ofrecieron para la DANA de Valencia.
Mientras tanto se pedía ayuda fuera.
Sobre el despliegue militar hay que afinar otra cifra muy repetida. No es cierto que las Fuerzas Armadas tardaran quince días: la UME estaba desde el principio y llegó a tener todos sus efectivos activados. Lo que ocurrió el 18 de agosto, con media España ya calcinada, es que se sumaron los tres ejércitos en su apoyo, hasta 1.400 militares en ataque directo y 2.000 en apoyo. La pregunta pertinente no es por qué no salió el Ejército, sino por qué hicieron falta trescientas mil hectáreas para poner esa capacidad entera sobre la mesa.
Y la cuenta que no admite matices: en los incendios de León murieron tres personas en poco más de una semana. Jaime Aparicio, de 37 años, y su primo Abel Ramos, de 35, ambos de La Bañeza, que trabajaban con maquinaria conteniendo las llamas en Nogarejas, y un brigadista forestal cuando su motobomba volcó en Espinoso de Compludo.
Lo único que funcionó en 2025 fue la desobediencia. En Valdeón los vecinos se negaron a irse pese a la orden de evacuación, precisamente porque no había medios. «No saldremos del pueblo, vamos a defenderlo.»
Y está Oencia, en El Bierzo, que merece contarse aunque sea relato vecinal. Los vecinos cuentan que la Guardia Civil los expulsó del pueblo con el frente encima, que varios se escabulleron y siguieron por su cuenta, y que horas después apareció un camión de bomberos que simuló tareas de extinción el tiempo justo para que los lugareños, agotados, se retirasen, y se marchó a continuación. Volvieron al trabajo y salvaron el pueblo. Lo doy como lo que es, testimonio.
Un año después no solo no se había corregido nada. Se añadió un elemento nuevo: el desalojo masivo. El incendio declarado el 22 de julio en Burgohondo bajó por el valle del Tiétar y se convirtió en el mayor de la historia registrada de España. Cerca de 90.000 personas evacuadas o confinadas entre Ávila, Madrid y Toledo. Piedralaves, La Adrada, Casavieja, Santa María del Tiétar, Gavilanes, Mijares, Pedro Bernardo. Contando también la sierra madrileña y Toledo, 77.000 hectáreas y un perímetro de 280 kilómetros. Los vecinos que volvieron lo describieron con la misma frase que se repitió en todas partes: «parece una guerra».
Y otra vez, las casas que se salvaron en algunos de esos pueblos las salvaron vecinos que se escondieron para poder quedarse. Aquí, el testimonio de una vecina de Mijares, uno de los pueblos desalojados, remitido por un médico de la zona cuya casa se salvó por muy poco.
Vídeo: el relato del propietario de Explotaciones Forestales Fraile, tres generaciones en el monte, cuya empresa tenía adjudicada la limpieza y el perfilado de los cortafuegos de casi ochenta y cuatro mil hectáreas de la sierra de Madrid. Cuenta cómo se desmontó ese trabajo hace once años. Es el testimonio que mejor une el dinero que dejó de ir a prevención con el monte que se llenó de combustible.
Sobre el terreno, lo que muchos vieron fue algo peor que la falta de medios: medios parados. El teniente de alcalde de Pedro Bernardo sostiene que había orden de no intervenir hasta que el fuego llegara a las casas, y que se desalojó a los vecinos para que no vieran los camiones detenidos. Es testimonio de un cargo público, con nombre y responsabilidad; no he encontrado desmentido oficial ni confirmación independiente. Lo dejo en lo que vale. Aquí lo cuenta, y aquí las imágenes de la UME detenida.
Llegamos a la parte que peor aguanta la comprobación, y por eso la expongo entera y digo después qué se sostiene. La tesis que circuló en agosto de 2025 es que el mapa de los incendios coincide con el de las tierras raras y los minerales estratégicos.
La superposición impresiona y aun así no la doy por buena, por tres razones que no dependen de que nadie me diga qué pensar. La primera es de método: el segundo mapa circuló sin fuente identificable y no he podido rastrearlo hasta ningún registro oficial. La segunda es geográfica: el noroeste peninsular encabeza la estadística del EGIF desde hace medio siglo, décadas antes de que nadie hablara de litio, y es además la zona del macizo antiguo, donde está esa geología. Coinciden porque ambas cosas llevan ahí siempre. Y la tercera, la que de verdad me convence: quemar un monte no acelera ni un solo trámite. Una explotación minera se autoriza con estudio de impacto, información pública y alegaciones, y eso dura años.
El caso de Oencia lo demuestra. Hay concesión, el proyecto «Mesa de Reis» de Neopiedras, 342.000 toneladas de cuarcita en 9,9 hectáreas, y su declaración de impacto se publicó en el BOCYL el 25 de agosto de 2025, con el pueblo recién arrasado. Pero la Comisión Territorial lo aprobó el 31 de julio, el delegado territorial firmó la resolución el 12 de agosto, la solicitud era de 2023 y hubo 34 alegaciones. Lo posterior al incendio es la publicación en boletín, el último paso de un procedimiento de dos años. El fuego no adelantó nada.
Con los parques eólicos gallegos pasa igual. Es cierto que la Xunta tenía setenta paralizados a la espera de desbloqueo judicial, como recogió la prensa gallega semanas antes de los fuegos.
Solo que el desbloqueo no lo trajo el fuego: lo trajo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 1 de agosto de 2025, una semana antes de que empezara la oleada. Ya estaban desatascados cuando ardió Galicia.
Desmontadas las tres coincidencias, queda una cosa en pie, y es la única que yo defendería en una mesa: el incentivo económico existe y no lo desmiente nadie. No se paga lo mismo por un terreno arbolado que por uno baldío. No cuesta lo mismo expropiar monte que expropiar ceniza. Un pinar es un obstáculo caro y una tramitación ambiental larga; un erial quemado no es ninguna de las dos cosas. Eso es economía elemental, y sigue siendo cierto aunque el mapa de las tierras raras fuera un fraude y la mina de Oencia se aprobara antes del fuego.
La diferencia entre esas dos afirmaciones es toda la diferencia entre un argumento y un bulo. «Queman los montes para poner placas» no está demostrado y los indicios que se han ofrecido no aguantan. «Quemar un monte lo abarata para todo lo que venga después» es simplemente verdad, y explica por qué la desidia en apagarlo no tiene coste para nadie con poder de decisión. No hace falta un incendiario con nómina. Basta con que a nadie relevante le duela que arda.
Y quede apuntado, porque volveremos sobre ello con los números en la mano: la razón por la que ese abaratamiento importa tanto no es la codicia de un promotor suelto. Es que hay un objetivo nacional publicado que necesita una cantidad concreta de hectáreas antes de una fecha concreta, y un criterio oficial sobre qué terrenos son los adecuados para ponerlas.
Y ahí se puede pasar de la sospecha a la comprobación sin fuentes clandestinas: basta tomar los proyectos fotovoltaicos previstos en una comarca, uno a uno, tal y como aparecen en boletines y expedientes, y ponerlos juntos sobre el mismo mapa. Vistos por separado, cada Maragato Solar o cada Somoza Solar es un trámite rutinario. Vistos juntos, se entiende la dimensión de lo que se decide comarca por comarca sin que el conjunto se someta nunca a información pública. Aquí está el recorrido por los proyectos leoneses.
Como he dicho que cada expediente es verificable, lo suyo era verificar alguno. Cogí el que esa guía destaca primero, Maragato Solar 1, en Valderrey y Santiago Millas, 153,4 megavatios, y me fui al BOE.
La primera cosa es que la ficha está mal. La guía lo rotula como «autorización administrativa de construcción otorgada» con resolución del 16 de diciembre de 2024. La resolución de esa fecha existe, es la BOE-A-2024-27488, y dice lo contrario: acepta el desistimiento del promotor. No se otorgó nada. Se retiró. Lo digo porque el argumento de esta sección es que los papeles se pueden comprobar, y quedaría bonito no comprobarlos.
La segunda me obliga a corregir el tono de todo lo anterior. ¿Por qué se retiró? Según la propia resolución, porque las condiciones que le impuso la declaración de impacto ambiental hacían el proyecto económicamente inviable, y porque se encontró con una oposición social y administrativa creciente. Ciento cincuenta y tres megavatios, promotor solvente y un objetivo nacional empujando, y aun así cayó. No lo tumbó un tribunal ni un partido: lo tumbaron unas alegaciones, unos informes ambientales exigentes y gente de la comarca de La Bañeza dando la lata en el sitio y en el plazo correctos.
El plan está escrito, tiene cifras y tiene fecha, pero no es imparable. Se ejecuta expediente a expediente, y un expediente se puede pelear.
Lo incluyo porque fue lo más viral de aquel agosto y porque callarlo sería hacer trampa, pero con la etiqueta puesta: no prueba lo que se dijo que probaba. En Galicia se grabó a unos agentes ambientales de la Xunta, en un todoterreno oficial identificable por su matrícula, junto a un foco de humo en el monte, y se difundió como la prueba de que los estaban provocando ellos. Aquí está la grabación.
Lo que se ve es un vehículo detenido junto a un foco, unos agentes que no lo apagan y que, al verse observados, piden que los dejen «seguir trabajando» y se marchan cuando aparecen las cámaras. Lo que no se ve, y esto lo reconocía ya el propio material de origen, es el momento en que alguien prende nada.
La Xunta lo negó, y también lo negó por escrito la Asociación Profesional de Axentes Forestais e Medioambientais de Galicia, que rechazó «categóricamente» la acusación y explicó el procedimiento: la extinción de un incendio empieza precisamente con la presencia de un agente en el lugar para comprobar el estado y la progresión del fuego, delimitar la zona de riesgo y decidir qué medios se movilizan. Son ellos quienes dirigen la extinción en Galicia. Estar junto a un foco mirándolo, sin apagarlo con las manos, es literalmente su trabajo.
Se dirá que son parte interesada, y lo son. Pero la carga de la prueba no funciona así: quien afirma que unos funcionarios están quemando el monte es quien tiene que enseñar el momento en que lo queman, y ese momento no está en la cinta. Caben las dos explicaciones y una de ellas es el procedimiento ordinario. No basta.
Dejo aquí una reflexión que me parece más útil que el vídeo. Que decenas de miles de personas creyeran sin dudarlo que unos funcionarios estaban quemando el monte no dice nada sobre esos funcionarios. Dice mucho sobre el crédito que le queda a la administración, y ese desplome de confianza también es un resultado de la gestión de estos veranos.
Son dos cosas distintas y confundirlas hace naufragar la mayoría de las conversaciones sobre esto.
La preparación está documentada de arriba abajo: prevención desfinanciada, cortafuegos sin mantener, quemas estranguladas por el papeleo, ganadería desaparecida, pueblos vacíos. Y una política hidrológica que va en la misma dirección: España es el país que más presas y azudes ha derribado de Europa, muchas de ellas pequeñas infraestructuras centenarias que sostenían la humedad de un valle.
Aquí se ve la primera costura, y conviene detenerse. Esos derribos no son la ocurrencia de un funcionario español: responden a un objetivo escrito en la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030, que fija restaurar al menos 25.000 kilómetros de ríos europeos como de flujo libre. Con cifra y con fecha, publicado en la web de la Comisión. La misma estrategia fija proteger el 30 por ciento del suelo y plantar tres mil millones de árboles.
Léalo pensando en fuego. Quitar las barreras que retienen agua en los valles. Sacar de gestión activa un tercio del territorio. Y plantar tres mil millones de árboles sobre un monte que ya nadie desbroza. Cada medida, por separado, tiene una justificación ambiental defendible. Las tres juntas, sobre un país mediterráneo que se vacía, describen con precisión de manual las condiciones de un incendio de sexta generación. Si alguien quisiera diseñar deliberadamente una catástrofe forestal continuada, no tendría que hacer nada distinto de lo que ya se hace por escrito.
Queda la pregunta de la atmósfera, donde la conversación suele romperse, y la sitúo donde corresponde. En junio de 2023 la Comisión Europea pidió formalmente conversaciones internacionales sobre la gobernanza de la geoingeniería climática, y publicó su documento de trabajo sobre modificación de la radiación solar, que consiste literalmente en dispersar aerosoles en la estratosfera para reducir la luz solar que llega a la superficie. Quien diga que eso no existe no está informado. Lo que no puedo demostrarle, y no se lo voy a vender, es que se esté aplicando sobre España. Y una precisión que juega a favor del escéptico y del argumento: para explicar estos dos veranos no hace falta recurrir a ello.
El que acerca la llama. Esto no lo enciende el termómetro: la inmensa mayoría de los incendios tiene origen humano y más de la mitad son intencionados. En 2025 el Ministerio del Interior contabilizó 387 personas detenidas o investigadas, de las que 327 eran españolas y 341 eran hombres. Los estudios de perfil que maneja la Fiscalía afinan más: varón, del medio rural, de la zona que quema, con frecuencia sin antecedentes ni patología. No es un forastero. Es alguien que conoce el monte al que prende fuego.
Aurelio Mosteiro, coordinador adjunto de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales para Pontevedra y Ourense, es tajante sobre la gran conspiración: «nunca hemos encontrado una trama organizada de gran alcance en Galicia». Pero lo que dice a continuación no es un no: «lo que sí vemos cada vez más son pequeños grupos, de tres o cuatro personas que actúan de forma concertada». Sobre el incendiario a sueldo, no detecta ese patrón.
No hay una trama única con un despacho detrás, pero tampoco lobos solitarios. Hay grupos que se coordinan y hay motivos, y los motivos son de una banalidad brutal: crear pasto, desplazar fauna, ahorrarse el desbroce obligatorio, ganar un pleito de lindes. La primera motivación que identifican esos estudios no es la locura ni la ideología: es el beneficio. Y hay un dato que cierra el círculo: el 68,4 por ciento de los incendios intencionados fueron en origen quemas agrarias o de regeneración de pastos. No son atentados. Son las mismas labores que durante siglos mantuvieron el monte limpio, expulsadas del terreno legal a golpe de permiso y de sanción, y que ahora se hacen a escondidas, sin técnica y sin ventana meteorológica. Se prohibió el fuego ordenado y quedó el fuego clandestino.
La objeción estándar a todo lo anterior es que atribuye a la maldad lo que se explica por la torpeza. Es buena objeción y tiene un límite: funciona cuando los errores se reparten al azar. Cuando veinte años de errores apuntan todos al mismo sitio y ese resultado coincide punto por punto con objetivos escritos, con cifras y con fecha, en documentos que cualquiera puede descargar, la torpeza deja de ser la explicación económica.
La Agenda 2030 se firmó en Naciones Unidas en 2015 y la suscribieron 193 países. No es clandestina: es un marco público. La Unión Europea la aterriza en el Pacto Verde y España, entre otros instrumentos, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
Vaya al PNIEC 2023-2030 y busque la cifra de solar. El objetivo para 2030 es de 76 gigavatios de fotovoltaica, de los que unos 19 son autoconsumo. Quedan del orden de 57 gigavatios que tienen que ir al suelo. A dos hectáreas por megavatio instalado, eso son unas 114.000 hectáreas de territorio español cubiertas de placas antes de 2030. Para hacerse una idea: Burgohondo, el mayor incendio de la historia registrada, arrasó cincuenta mil. Dos Burgohondos de placas en menos de cuatro años, y solo con la fotovoltaica en suelo, sin contar la eólica.
Ahora el detalle que me hizo volver atrás y releerlo. Ante la crítica de que esas hectáreas se van a comer suelo agrícola, la respuesta del sector y de la administración es tranquilizadora: no hay problema, porque los parques caben de sobra en espacios antropizados, terrenos degradados, zonas industriales y áreas de baja calidad ambiental.
Deténgase en «terrenos degradados» y «áreas de baja calidad ambiental». Y pregúntese qué es, administrativamente, un monte quemado.
Es exactamente eso. Un monte arbolado es suelo de alto valor ambiental: tramitación larga, informes, alegaciones, oposición vecinal, precio alto. El mismo monte, después del fuego, es un terreno degradado de baja calidad ambiental: tramitación más sencilla, menos objeciones y un precio de expropiación hundido. No hay que demostrar ninguna intención para ver el problema. El propio criterio oficial de ubicación de los parques convierte cada hectárea quemada en una hectárea más apta para el plan. No es una teoría: es la definición administrativa de los términos, aplicada al mapa que dejan los incendios.
Y la gente, ¿dónde va? Un país no se cubre de infraestructura energética con la gente viviendo encima. El modelo de la ciudad de quince minutos se popularizó como una idea urbanística amable, y lo que suele omitirse es su trazabilidad: fue adoptado formalmente en mayo de 2020 por el C40 Cities Climate Leadership Group, la red de la que forman parte Madrid y Barcelona, y responde de manera expresa al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 de la Agenda 2030, con su indicador y su seguimiento en la web del ministerio.
Aquí distingo con cuidado. Que la ciudad compacta sea política declarada está documentado. Que su finalidad sea confinar a la población es una interpretación, y como interpretación la presento. Lo que no es interpretación es la aritmética: cada pueblo que se despuebla, cada vecino que no vuelve porque su casa ardió o porque le prohibieron defenderla, es población que se traslada a la ciudad y territorio que queda libre.
Queda demostrado, con documentos oficiales: que existe un plan escrito con objetivos cuantificados y fecha; que requiere cubrir del orden de 114.000 hectáreas con placas antes de 2030; que el criterio oficial de dónde ponerlas señala los terrenos degradados y de baja calidad ambiental; que un monte quemado es precisamente eso; que hay un objetivo europeo de eliminar barreras fluviales en 25.000 kilómetros de ríos; que se ha desfinanciado la prevención un 51 por ciento mientras subía la extinción; que la concentración urbana es política declarada y trazable hasta el objetivo once; y que las instituciones europeas discuten por escrito la intervención sobre la radiación solar.
No queda demostrado: que exista una orden de quemar España. No he encontrado ese documento, no creo que exista en esos términos y sospecho que ni siquiera hace falta. Tampoco que se aplique geoingeniería sobre territorio español, aunque la técnica se discuta en Bruselas.
Y aquí está lo que quiero que se lleve el lector, que es más inquietante que una orden secreta. Un sistema no necesita conspirar si sus incentivos están bien puestos. Si arder abarata el suelo que el plan necesita, si apagar deprisa no le reporta a nadie ningún premio, si dejar arder no le cuesta el puesto a nadie, si al vecino que apaga se lo procesa y al mando que no actúa no se le pregunta, el resultado se produce solo, año tras año, sin que nadie firme nada. Y quien diseñó ese sistema de incentivos sabía lo que hacía, porque el sector forestal lleva veinte años avisándolo por escrito y por escrito se le ha ignorado.
Llámelo conspiración si quiere. Yo lo llamo algo peor: un plan público, con sus cifras y sus plazos, que ha descubierto que no necesita ocultarse porque le basta con que nadie sume las partes.
Quitado lo que no se sostiene, queda un cuadro que se sostiene entero y que es bastante peor que una conspiración, porque no necesita a nadie que la organice. Un monte cargado de combustible porque se desfinanció la prevención, se secaron los valles y se vació el campo. Un sistema de incentivos que ha hecho cara la limpieza legal y barato el fuego ilegal, y que por eso produce cientos de incendiarios locales todos los veranos. Una técnica eficaz que la ley permite pero que el reparto de responsabilidades ha vuelto imposible de firmar. Recursos que existen, están pagados y no se activan. Vecinos con medios propios a los que se responde por escrito que no hacen falta. Órdenes de desalojo que dejan los pueblos vacíos ante el fuego. Y, al final del recorrido, un suelo devaluado sobre el que ya había proyectos esperando.
Todo eso encaja con un patrón que ya hemos visto en la DANA y en el apagón: medios que existen y no salen, autoridades ausentes y, al final, un territorio devaluado y disponible justo para lo que estaba previsto ponerle encima.
Y encaja con algo que va más allá del monte, y que es la razón por la que este asunto importa más de lo que su tema sugiere. El relato del cambio climático no es solo una explicación equivocada de los incendios: es la coartada que permite que todo lo demás avance sin discusión. Mientras la causa sea el clima, el recorte en prevención no es responsabilidad de nadie, la muerte de tres personas en León es una fatalidad, el desalojo forzoso es una medida de protección y las 114.000 hectáreas de placas son la solución en lugar del negocio. Cada verano que arde España sin que nadie responda, ese relato se refuerza y el plan avanza un año más. El miedo es la herramienta, y funciona: a un pueblo asustado se le puede pedir cualquier cosa, incluido que abandone su casa mientras se quema y dé las gracias por el aviso.
De ahí la conclusión práctica, que es la parte útil. Ninguna de estas políticas se ejecuta sola. Se ejecutan porque hay quien las cumple: el que precinta el desbroce, el que expulsa del pueblo a quien está apagando, el que se queda con el camión parado esperando una orden que no llega. Por eso el llamamiento que se lanzó en pleno agosto de 2025, y que aquí se suscribe, no era a la violencia sino a la desobediencia civil, militar y policial. Y con una vía practicable que no exige heroísmo: el agente que se encuentra ante una orden ilegal o inmoral no necesita amotinarse, le basta con pedirse la baja ese día. Aquí está el llamamiento, grabado el 19 de agosto a partir de los mensajes de bomberos y militares que decían estar a unos metros del fuego sin permiso para actuar.
Durante aquellas semanas no apareció casi nadie: ni ministros, ni senadores, ni diputados, ni el Rey. Los pueblos que se salvaron los salvaron sus vecinos, a menudo desobedeciendo. Es el único mecanismo de protección que ha demostrado funcionar dos veranos seguidos.
Quedarse en el pueblo es bastante más que salvar una casa. Un territorio habitado no se puede reordenar; uno vacío sí. Mientras haya gente en Valdeón, en Oencia y en Mijares, con su ganado, su desbroce y su terquedad, hay algo que las 114.000 hectáreas tienen que rodear. Ese es el verdadero motivo por el que el que se queda molesta tanto.
Y hay una segunda palanca, menos épica y probablemente más eficaz. El plan se ejecuta pieza a pieza, y una pieza se puede tumbar. Maragato Solar 1 cayó por unas alegaciones, unos informes ambientales exigentes y unos cuantos vecinos que se presentaron en plazo. Consta en el BOE. Si el plan solo existe como una lista de expedientes, entonces solo se defiende expediente a expediente, y ahí cualquier vecino tiene la puerta abierta por ley. La mayoría se aprueban porque nadie mira. Cuando salga a información pública el parque de su comarca, alegue. Es gratis, está en su derecho y funciona más veces de las que le van a contar.
Hasta aquí he intentado que cada afirmación viniera con su boletín, su expediente o su cifra. Lo que sigue no. Es lo que yo creo, y lo separo a propósito para que quien no lo comparta pueda tirar este apartado a la basura sin que se le caiga nada de lo anterior. Lo anterior se sostiene solo.
La explicación de los incentivos basta para casi todo. Pero queda un resto que no me cuadra. Los incentivos explican muy bien lo que no se hace; explican bastante peor el celo. No explican que a un hombre de sesenta y un años que salvó unas casas con un contrafuego se lo lleve la Guardia Civil y la Fiscalía pida prisión para él. No explican que se desaloje por la fuerza a los únicos que estaban apagando. No explican que a unas agrupaciones de voluntarios con camiones y equipos pagados se les conteste por escrito que no hacen falta, mientras a pocos kilómetros muere gente peleando contra el fuego. Para dejar que algo arda basta con no hacer nada, y aquí se está haciendo bastante.
Voy a decirlo con la palabra que corresponde, aun sabiendo lo que cuesta escribirla. Lo que hay detrás de esa saña me parece satánico, y no lo digo como insulto ni como figura retórica. Lo digo en su sentido preciso, que es el de la inversión. Satán es, antes que nada, el padre de la mentira y el que da la vuelta a los nombres: llamar bien al mal y mal al bien. «¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo!», que está escrito hace veintisiete siglos y describe un martes cualquiera de agosto de 2025 mejor que cualquier editorial.
Mire la inversión y juzgue usted. Se llama protección del medio ambiente a lo que llena el monte de combustible. Se llama emergencia climática a lo que provoca la propia gestión. Se llama restaurar los ríos a secar los valles. Se llama sostenible a cubrir de placas un país al que se ha vaciado antes. Se llama poner a salvo a la población a echarla de su casa mientras arde. Se llama delito lo que hace el vecino que salva el pueblo y protocolo lo que hace el mando que lo deja arder. En cada uno de esos pares la palabra buena está puesta encima de la cosa mala, y con tanta precisión que ya no puede ser descuido. No es un error de comunicación: es un método, y es el más viejo que existe.
Y hay un segundo rasgo igual de significativo: el sacrificio. Todo esto se cobra vidas concretas: tres personas en León, pueblos enteros arruinados, familias que no vuelven. Nunca se detiene por eso. Ninguna de esas muertes ha corregido nada, ni el verano siguiente ni el otro. Un plan meramente económico se para cuando el coste político sube. Este no se para. Se le ofrecen los muertos y sigue.
No tengo con qué probárselo, y no le voy a vender que lo tenga. Es una lectura, y quien la mire desde fuera tiene derecho a considerarla un exceso. La escribo porque callármela sería fingir que este artículo es más frío de lo que es, y porque sospecho que a mucha gente que ha llegado hasta aquí le pasa lo mismo: los datos le cuadran y aun así siente que falta algo por nombrar. Esto es intentar nombrarlo.
Quédese, en todo caso, con las 114.000 hectáreas, con los 25.000 kilómetros de ríos y con los quince días de Burgohondo, que están probados y no dependen de nada de esto. Y si en algún momento le vuelve la sensación de que lo que estamos mirando no se explica del todo con dinero, sepa que no es el único.
Cada entrada indica qué sostiene, con más detalle, en la versión completa del artículo.
Los testimonios y el material audiovisual proceden de los canales de Galo Dabouza y de Información Soberana; el mapa de los proyectos fotovoltaicos leoneses es del trabajo de Nauzet Morgade. Las cifras, fechas y comprobaciones son mías, hechas contra boletines oficiales, expedientes y hemeroteca.
Este artículo se publicó primero en skunk1.blog. Aquí va en versión reducida por el límite de tamaño de la cadena: en el original están además los vídeos y las capturas de los documentos que se citan.
