El Poder Ejecutivo Nacional vetó en 2008 la primera ley de protección de glaciares aprobada por unanimidad en el Congreso, cediendo a presiones de la industria minera, y luego aceptó con resistencia pasiva una versión similar en 2010 que su propio gobierno se encargó de no implementar. Esta trayectoria constituye uno de los casos más documentados de contradicción entre discurso ambientalista y acción de gobierno en la política argentina contemporánea. Quien gobernó en esos años atravesó cuatro etapas claramente diferenciadas —desde el activismo en defensa de los glaciares como legislador en 1996, pasando por su veto como Presidente y la alianza con la industria minera, hasta el giro discursivo contra el extractivismo en roles posteriores— y revela cómo la conveniencia política moldeó posiciones que se presentaron como principios.

De defensor de los hielos a autor del "veto Barrick" (1996-2008)

La ironía fundacional de esta historia es que quien vetó esta ley comenzó su carrera política nacional defendiendo glaciares. En 1996, como legislador, convirtió la defensa de los hielos continentales patagónicos en su principal bandera legislativa, oponiéndose al acuerdo que cedía territorio glaciar a Chile. Esa posición nacionalista sobre los hielos contrastaría radicalmente con sus decisiones una década después.

El 22 de noviembre de 2007, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, impulsado por la diputada Marta Maffei y por el diputado Miguel Bonasso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales. El proyecto fue aprobado con 136 votos afirmativos. El 22 de octubre de 2008, el Senado lo sancionó por unanimidad con 47 votos afirmativos, registrándose como Ley 26.418. La norma prohibía actividades de exploración y explotación minera e hidrocarburífera en glaciares y ambiente periglacial, y ordenaba un inventario nacional de cuerpos de hielo.

Apenas diecinueve días después, el 10 de noviembre de 2008, el Poder Ejecutivo vetó totalmente la ley mediante el Decreto 1837/2008, firmado también por el Jefe de Gabinete. Fue el primer veto total de su presidencia. Los argumentos oficiales del decreto revelaban la presión del sector minero con una transparencia insólita. El decreto sostenía que la prohibición de actividades "podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas" y citaba explícitamente las presiones provinciales: "Gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su preocupación, toda vez que repercutiría negativamente en el desarrollo económico y en las inversiones que se llevan a cabo en dichas provincias".

El principal argumento técnico-legal fue que "la gran mayoría de los glaciares que están ubicados en el territorio continental argentino, se encuentran en las adyacencias del límite internacional con la República de Chile, en áreas que se encuentran aún pendientes de demarcación, y la inclusión o exclusión de glaciares en el inventario puede tener efectos en relación con los trabajos de demarcación en curso", un razonamiento controvertible que no consideraba que Chile ya disponía de su propio inventario glaciar.

El decreto convocó a un foro en la Secretaría de Ambiente para el "1° de diciembre de 2008", pero el daño político ya estaba hecho. El veto fue bautizado por organizaciones ambientales y medios como "el veto Barrick". La ex Secretaria de Ambiente reveló a Bonasso que "el Presidente vetó por presión del gobernador Gioja, vinculado estrechamente a la Barrick Gold". Fuentes gubernamentales confirmaron a La Nación que internamente "ganaron el Ministro de Planificación y el Secretario de Minería" sobre la posición de la ex Secretaria. Bonasso abandonó el bloque oficialista y publicó el libro El Mal: El Modelo K y la Barrick Gold. El geólogo Jorge Rabassa del CONICET declaró que el veto "parece estar hecho a medida de las mineras".

La Ley 26.639 se aprueba contra la voluntad del Ejecutivo (2009-2010)

El período entre el veto y la sanción de la nueva ley expuso la profundidad de los vínculos entre el gobierno y la industria minera. El 15 de abril de 2009, el Presidente recibió en Casa de Gobierno a Peter Munk, presidente de Barrick Gold Corporation, con la presencia del gobernador José Luis Gioja, el Ministro de Planificación y el Secretario de Minería. Ante el Council of Americas en septiembre de 2009, el Presidente agradeció públicamente a directivos de Barrick Gold por Pascua-Lama, describiéndolo como "la inversión minera más grande del mundo". El propio Munk declaró en la reunión anual de accionistas de 2008 que el Presidente y Michelle Bachelet le habían rogado: "Por favor, por favor, por favor, Barrick, ponga su dinero en nuestro país" (Toronto Star; Barrick luego se disculpó por la "salida de contexto"). El 26 de junio de 2010, días antes de la votación de la nueva ley, el Presidente se reunió nuevamente con Munk durante cuatro horas en Toronto, acompañado por gobernadores de provincias mineras. La fotografía oficial mostraba las banderas de Canadá, Argentina y Barrick Gold al mismo nivel.

En el Congreso surgieron dos proyectos rivales. El senador Daniel Filmus propuso una versión más restrictiva que protegía solo los glaciares de escombros dentro del ambiente periglacial, adecuándose a los argumentos del veto. Miguel Bonasso presentó un proyecto idéntico al vetado, que protegía todo el ambiente periglacial. La diferencia en superficie protegida entre ambos proyectos era de 5.660 km².

La Cámara de Diputados aprobó el 15 de julio de 2010 la versión amplia (cercana a Bonasso) con 129 votos contra 86. El bloque del FpV anunció que no votaría ese dictamen. Agustín Rossi, jefe del bloque oficialista, comunicó que el Presidente le había transmitido: "El Presidente me pidió que les transmitiese que cualquiera sea la decisión, no va a vetar el resultado que tome el Congreso." Esta promesa fue el resultado de la enorme presión social de más de 300 asambleas ciudadanas y organizaciones ambientales.

La sanción definitiva llegó en la madrugada del 1° de octubre de 2010, con una votación de 35 a favor y 33 en contra en el Senado. De los 35 votos positivos, 28 fueron de senadores no oficialistas. De los 33 negativos, 23 pertenecían al Frente para la Victoria. Solo 7 senadores kirchneristas rompieron la disciplina partidaria para votar a favor, entre ellos Filmus y el jefe de bloque Pichetto, quien dio "libertad de acción". El Presidente nunca firmó la promulgación de la ley: se promulgó de hecho el 28 de octubre de 2010 por vencimiento del plazo legal. La Nación calificó esta actitud como la "indiferencia glacial de la Casa Rosada".

Una implementación saboteada desde adentro (2011-2015)

La aprobación de la ley no significó su aplicación. El gobierno la reglamentó mediante decreto, pero no reglamentó el artículo 15, que establecía un plazo de 180 días para inventariar glaciares en zonas prioritarias donde hubiera actividades prohibidas en curso —precisamente las zonas donde operaba Barrick Gold—. El inventario completo, que la ley fijaba en 5 años (plazo: octubre 2015), no se completó hasta mayo de 2018, bajo un gobierno diferente.

Los tres Secretarios de Ambiente del período —[primer funcionario], [segundo funcionario], [tercer funcionario]— fueron procesados por el juez federal Sebastián Casanello por abuso de autoridad. También fue procesado el director del IANIGLA, Ricardo Villalba. Casanello determinó que habían creado un documento ("Cronograma y Fundamentos de Ejecución") "en clara contradicción con la ley nacional 26.639" que impidió inventariar cuerpos de hielo en la zona Veladero-Lama. Más de 1.000 geoformas fueron excluidas del inventario de San Juan al aplicar una metodología que solo incluía glaciares de más de 1 hectárea. El juez concluyó que "si se hubiesen cumplido la letra y plazos de la Ley de Glaciares, los derrames de cianuro no hubiesen ocurrido".

Mientras tanto, el gobierno celebraba públicamente la minería. El 9 de diciembre de 2010, en la firma del Acuerdo Nacional de Promoción del Diálogo Social en la Industria Minera, el Presidente declaró: "Toda inversión minera con inversión para el cuidado ambiental no sólo es absolutamente viable sino que es aconsejable." Ridiculizó a los ambientalistas: "Los que están en contra de la minería manejan autos, van en autos, comen con cubiertos y utilizan minerales seguramente en todo tipo de actividades." En marzo de 2012, inaugurando la explotación subterránea de Cerro Vanguardia en Santa Cruz, afirmó: "Es muy loable cuidar la fauna y la flora pero primero hay que cuidar a la especie humana, que tenga cloacas, agua, trabajo, casa."

La alianza provincial con el poder de la minería

El gobernador José Luis Gioja (2003-2015) fue el nexo central entre el gobierno nacional y la industria minera. Aliado incondicional del Presidente, fue señalado por Bonasso como "el autor intelectual del veto". Greenpeace lo calificó públicamente como "el mejor empleado de Barrick Gold". Su hermano César Gioja presidía la Comisión de Minería del Senado y fue denunciado por tener negocios directos como proveedor de Barrick Gold, una incompatibilidad de cargos nunca resuelta judicialmente.

El Secretario de Minería, que ocupó el cargo durante todo el período, tenía participación accionaria del 15% en la firma Milestone, que compartía dirección postal y directores con Barrick Gold. Fue posteriormente procesado por incumplimiento de deberes de funcionario público.

Bajo este entramado, el gobierno mantuvo intacto el marco legal minero de los años 90: la Ley de Inversiones Mineras 24.196 (1993) garantizaba estabilidad fiscal por 30 años, deducción del 100% de gastos en Ganancias, regalías provinciales limitadas al 3% del valor "boca mina" (reducible mediante deducciones), y exención del Impuesto sobre Activos. La inversión minera acumulada entre 2003 y 2015 alcanzó los US$ 18.600 millones. En febrero de 2012, tras la crisis de Famatina, se creó la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), presidida por el jujeño Eduardo Fellner, ratificando la alianza con la megaminería.

El derrame de Veladero del 13 de septiembre de 2015 —más de un millón de litros de solución cianurada contaminando cinco ríos de San Juan— ocurrió en los últimos meses de ese gobierno. No se encontraron declaraciones públicas del Presidente sobre el peor desastre ambiental minero de la historia argentina. El Gobernador declaró que "el problema está superado". Barrick recibió una multa de US$ 9,6 millones, equivalente a cinco días de producción.

Protestas sociales ignoradas y provincias en resistencia

El gobierno enfrentó protestas masivas contra la megaminería sin pronunciarse nunca a favor de las comunidades. En Famatina (La Rioja), en enero de 2012, hasta 10.000 personas marcharon contra el proyecto de la canadiense Osisko Mining. El gobernador kirchnerista Luis Beder Herrera había firmado un convenio con la minera pese a haber llegado al cargo con discurso antiminero. El diputado Jorge Yoma reveló que el Presidente le dijo personalmente que "la posibilidad de crecimiento serio que tiene La Rioja es la minería" y que "algún día la promoción industrial se va a acabar". El intendente kirchnerista de Famatina que se opuso a la mina denunció que le cortaron fondos.

En Andalgalá (Catamarca), la resistencia contra el proyecto Agua Rica —tres veces más grande que Minera Alumbrera— generó represión y judicialización de asambleístas. En Esquel (Chubut), el plebiscito de 2003 donde el 81% votó contra la megaminería no recibió posicionamiento del gobierno nacional. Siete provincias prohibieron la minería a cielo abierto durante el período. La Unión de Asambleas Ciudadanas reunió más de 300 asambleas territoriales en todo el país. El gobierno nacional no promovió ningún mecanismo de consulta popular, delegando la cuestión en las provincias mientras promovía activamente la inversión minera desde la Nación.

La Corte Suprema intervino como contrapeso. En julio de 2012, revocó las medidas cautelares que el juez sanjuanino Miguel Gálvez había otorgado a Barrick Gold suspendiendo artículos centrales de la ley. La Corte sostuvo que "una cautelar que suspende la vigencia de la parte esencial de la ley tiene una significativa incidencia sobre el principio constitucional de división de poderes". En junio de 2019, declaró por unanimidad la constitucionalidad de la Ley 26.639, poniendo en duda 44 proyectos mineros cercanos a cuerpos de hielo.

El giro discursivo como senador y después en el Poder Ejecutivo (2015-2023)

Como senador (2017-2019), no se pronunció públicamente sobre glaciares ni medio ambiente. Su agenda estuvo dominada por causas judiciales y oposición económica a gobiernos posteriores. No se registraron críticas a gobiernos subsecuentes por su gestión ambiental o minera, pese a que eliminaron las retenciones mineras mediante decreto.

Ya en el Poder Ejecutivo como vicepresidenta (2019-2023), inició un giro discursivo significativo. En su "charla magistral" en La Plata en abril de 2023, planteó: "Tenemos que saber qué vamos a hacer con el litio: si lo vamos a declarar recurso estratégico y conformar una asociación con privados, con provincias." Advirtió que "cuando uno no tiene valor agregado y sólo produce materias primas, está muy sujeto a los precios y volatilidades internacionales". En 2024, ya contra otro gobierno, criticó el "modelo neocolonial basado en el extractivismo sin valor agregado" y señaló que la Ley de Inversión Minera de 1993 "no redundó en empleos masivos ni estables" —la misma ley que mantuvo intacta durante sus años anteriores como Presidente—.

Sin embargo, durante este período en el Poder Ejecutivo, el gobierno no modificó sustancialmente la política minera. Se nombró al sanjuanino Alberto Hensel —funcionario vinculado a la minería de San Juan— como Secretario de Minería. El inventario de glaciares siguió incompleto en sus niveles 2 y 3. La primera actualización del inventario (Nivel 1) recién se publicó en 2024, revelando una reducción del 17% en hielo descubierto y una contracción del 23% en manchones de nieve perenne en el noroeste argentino.

Los votantes contra la reforma de 2026

El 9 de abril de 2026, la Cámara de Diputados aprobó por 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno actual. Los cambios eliminan la protección automática del ambiente periglacial, permiten a las provincias definir qué glaciares proteger, habilitan actividades productivas previo estudio de impacto ambiental provincial y retiran al inventario su carácter vinculante.

El bloque de oposición votó mayoritariamente en contra. Máximo Kirchner (diputado) calificó la reforma como "legislación cipaya, entreguista" y advirtió que "se está regalando el país". Juan Grabois declaró que era "una ley envenenada" equivalente a "poner a Yiya Murano en el tanque de tu casa". No obstante, dos diputados del mismo bloque de provincias mineras votaron a favor, evidenciando que la tensión entre minería y ambiente persiste. El oficialismo actual respondió recordando que en 2008 se vetó la primera ley de protección de glaciares.

Conclusión: pragmatismo extractivo con retórica cambiante

La trayectoria del Poder Ejecutivo respecto a glaciares y minería revela un patrón consistente de pragmatismo económico-político que adoptó distintos ropajes discursivos según la coyuntura. Como Presidente, vetó la protección glaciar, se reunió con el CEO de Barrick Gold, mantuvo el marco legal de los años 90, celebró la minería como motor de desarrollo y permitió que sus Secretarios sabotearan la implementación de la ley que finalmente se aprobó contra la voluntad de su bloque. Los Secretarios de Ambiente de su gobierno fueron procesados por obstruir el inventario de glaciares. Como legislador posterior y miembro de un Poder Ejecutivo subsecuente, adoptó un discurso contra el extractivismo sin valor agregado y su bloque votó contra la flexibilización de la ley que originalmente fue vetada.

Tres datos condensan la contradicción. Primero: en 2008, el Presidente vetó una ley aprobada por unanimidad; en 2010, una versión similar se aprobó por apenas dos votos, con 23 de los 33 votos negativos provenientes de su propio bloque. Segundo: el Presidente nunca firmó la promulgación de la Ley 26.639 —se promulgó de hecho por vencimiento del plazo—, una resistencia pasiva sin precedentes para una ley ambiental de esta magnitud. Tercero: el gobierno que vetó la ley en nombre del "desarrollo económico provincial" es el mismo cuyos Secretarios fueron procesados por impedir que se inventariaran los glaciares que la ley debía proteger, en la misma zona donde luego se produjo el peor desastre ambiental minero de la historia argentina.

La evolución posterior —del silencio como senador al discurso soberanista sobre el litio en un rol diferente del Poder Ejecutivo— no constituye una revisión autocrítica sino una adaptación a nuevas coordenadas políticas. Quién vetó la ley en 2008 nunca reconoció públicamente ese error, nunca explicó la promulgación tácita de 2010, nunca se pronunció sobre el derrame de Veladero, y el gobierno en el que posteriormente participó nombró funcionarios sanjuaninos pro-mineros sin modificar el marco regulatorio heredado. La defensa de los glaciares, en definitiva, fue para este espacio político una bandera disponible cuando no gobernaba y un obstáculo incómodo cuando lo hacía.