La incertidumbre que rodea el calendario electoral catalán puede estar llegando a su fin. Todo apunta a que antes de que termine este insólito 2020 los catalanes serán llamados a las urnas de nuevo. Lo harán por tercera vez en seis años, y es que hay que remontarse a 2010 para encontrar unas elecciones no anticipadas en esta tierra, consecuencia de la hoja de ruta independentista de plebiscitos y comicios sin ningún recorrido de legislatura.
Las últimas elecciones tuvieron como resultado que por primera vez un partido no nacionalista se hiciera con la victoria. Un partido que apenas llevaba recorridos diez años de existencia y que supo aglutinar entorno a su proyecto y su candidata el hartazgo social tras meses de tensión en torno al referéndum y declaraciones de independencia.
Inés Arimadas, que ya en 2015 arrebató al PSC la alternativa no nacionalista en el Parlament y se erigió como líder de la oposición, logró sorpassar a Puigdemont, a Junqueras y a todos quienes se autodenominaban únicos representantes del pueblo catalán. Fue una victoria sin precedentes que sin embargo no pudo materializarse en nada debido en parte a la ley electoral que rige en Cataluña, la LOREG, que el bipartidismo no ha dudado en mantener y conservar todos estos años.
Ahora vamos a la cuestión que nos incumbe: ¿España Suma, España Resta? ¿Mejor Unidos? o ¿Mejor Separados? ¿Debe el constitucionalismo presentar un proyecto único a estas elecciones?
No queda tan atrás la insistencia de Casado en plantear España Suma en todos los territorios y elecciones que se celebraran y la negativa tajante de Rivera a explorar estos pactos preelectorales. Con el liderazgo de Arrimadas la cosa cambió y ya pudimos ver la coalición -y sus resultados- de PP+Cs en el País Vasco, una apuesta del PP que salió redonda para Ciudadanos, que tendrá dos representantes en la cámara vasca pero que quedó muy lejos de ilusionar y aglutinar el voto no nacionalista de Euskadi.
El problema en Cataluña, a mi modo de ver, es que el votante medio de Ciudadanos no es extrapolable al de Madrid o Andalucía. Allí, el socialdemócrata harto del coqueteo del PSC con el independentismo optó por Arrimadas en su día, pero está por ver que lo haga por una candidatura con la marca del Partido Popular. Lo mismo ocurre con los votantes del ala más conservadora del PP. ¿Votarán como candidato a alguien de Cs tras la nueva línea estratégica de la formación u optarán por Vox como ha ocurrido en el País Vasco? Suena muy tópico, pero no por ello menos real, aquello de que en política 2 más 2 no siempre son 4.
Es difícil aventurarse a hacer pronósticos, pero una coalición Cs+PP podría, lejos de reunir entorno a ella a todos los votantes de ambos partidos, abrir fugas de votos desde ambos lados; a un PSC donde el ministro Illa ya suena como candidato y a Vox, que tratará a toda costa de presentarse como única alternativa real y dura contra el independentismo.
Las negociaciones parecen abiertas, aunque en las últimas semanas el PPC parece renegar de esta idea después de constatar el resultado vasco. Arrimadas tendrá que apostar por presentarse entonces en solitario o por tratar de innovar con esa plataforma que tituló «Mejor Unidos» y que pretendería sumar referentes de la sociedad civil. Creo que sería lo correcto.
Es triste, pero improbable, que si en 2017 no se consiguió un cambio de gobierno constitucionalista se vaya a lograr ahora; con un PSOE que hace tres años entraba en la ecuación con Arrimadas y Albiol frente a las derivas secesionistas pero que ahora opta claramente por mantenerse en la Moncloa con ERC y que legitima a Junqueras como socio preferente. De Podemos echado al monte hay poco que decir. Y si además tenemos en cuenta que ahora Vox sería necesario en el puzle, pocas esperanzas quedan de que estas elecciones sirvan para algo más que para jugar el partido de vuelta de Junqueras contra Puigdemont, o como mucho, terminar de consumar el giro de los socialistas en un tripartito con Podemos y ERC.
Junio 2020.