Originalmente publicado en enpelotas.com.

Me hice miembro de la ANIP (Asociación Nacional de Investigadores de Posgrado) de Chile poco después de haberme integrado como alumno del Magíster de Investigación en Estudios Clásicos de la Universidad Nacional Australiana el año 2010. Ya no soy alumno de la ANU ni me considero miembro de la ANIP, pero ocasionalmente sigo recibiendo noticias de la Asociación. Me interesé en ella en mi condición no solamente de alumno investigador, sino también de becario de CONICYT.

Desde ese entonces, pues, percibí una intención con la que yo no comulgaba plenamente (y ahora diría que no comparto en lo más mínimo) y que sigue vigente hasta hoy como uno de los objetivos centrales de la ANIP. Cuando me integré en ella, recuerdo que su lema decía «investigar es trabajar». Suena sensato, pensé. Pero luego entendí la intención que yace detrás de este lema. Se trata de que los alumnos de posgrado (especialmente los que hacen investigación más que asignaturas) perciban un salario a cambio de su trabajo como investigadores y que este salario sea financiado con fondos estatales.

¿Por qué se justificaría pagarle un sueldo a un alumno de posgrado cuando él decidió voluntariamente sacrificar algunos años de su vida con la meta de obtener un grado académico? Existe, por cierto, una buena razón para hacerlo. Muchos alumnos de posgrado, especialmente en ciencias básicas y en investigación cuantitativa de ciencias sociales, no trabajan sobre un proyecto propio, sino que tienen que colaborar y asistir a investigadores más experimentados (sus profesores guía) en las investigaciones que ellos llevan adelante: de manera que las tesis de estos alumnos servirán para desarrollar proyectos de investigación mayores que dependen, en última instancia, de un investigador consolidado. Por supuesto, cuando un alumno colabora en el desarrollo de una investigación que depende de alguien más, debería recibir un salario. Pero este salario no lo tiene que pagar el Estado, sino el investigador interesado: aquel que percibirá el beneficio de la colaboración prestada por el alumno.

En el caso de las humanidades y la investigación cualitativa de las ciencias sociales, los alumnos suelen planificar y dirigir sus propios proyectos de investigación en lugar de colaborar con proyectos más grandes dirigidos por sus supervisores. Como están trabajando sobre sus propios proyectos y los resultados de ellos no serán útiles, en lo inmediato, para el proyecto de nadie más, no se justifica de ninguna manera que reciban financiamiento de sus supervisores o de los contribuyentes.

Algunos dirán que el Estado debe financiar a los alumnos de posgrado porque sus hallazgos benefician a toda la comunidad. Esta conclusión resulta discutible y, aun cuando fuere cierta en un cien por ciento, no constituiría un argumento válido para obligar a todas las personas a pagar por este resultado. Porque, ciertamente, los teléfonos móviles y el agua potable son productos tangibles que benefician a toda la comunidad, pero solamente quienes adquieren estos productos deben pagar por ellos. No sería sensato obligar a todas las personas a pagar por el cálculo estructural de la casa en la que habito, aun cuando este cálculo haya evitado que esta casa se desplomase durante el terremoto del 2010. El beneficio del cálculo estructural resulta innegable y seguramente salvó miles de vidas los años 2010 y 2015 en Chile, pero esto no obliga a toda la comunidad a pagar ni por su desarrollo ni por su implementación.

De hecho, el pago obligatorio por un bien o servicio, sin importar cuán benéfico resulte, conduce a una obstrucción del desarrollo en lugar de su estímulo, puesto que atenta contra el ánimo productivo del individuo e implica una transferencia involuntaria de riqueza.

Por otra parte, también es falso que la investigación esté dirigida a mejorar la calidad de vida de las personas o el desarrollo humano general. Este es un efecto imprevisto, si bien sumamente positivo, de la investigación científica y académica. El verdadero motor de los investigadores es la curiosidad: así de sencillo y así de «egoísta». Si un alumno investigador no tiene el impulso de la curiosidad, no habrá una fuerza que lo arranque de las sábanas para ir al laboratorio, la biblioteca o la oficina: ustedes saben que no recibe dinero a cambio de su esforzada actividad.

Y el esfuerzo que significa llevar adelante la investigación tampoco es un mérito suficiente como para justificar el financiamiento de los contribuyentes, porque los miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco (grupo terrorista chileno) o del Estado Islámico también se esfuerzan mucho en conseguir armas y municiones, pero esto no implica que los contribuyentes deban financiarlos.

La ANIP y sus miembros han insistido en un discurso que implica lo siguiente: el Estado debe pagarles a los alumnos que investigan y debe financiar todos los proyectos de investigación que propongan tanto estos cuanto los investigadores consolidados. Todos ellos están de acuerdo con justificar sus proyectos, puesto que les encanta argumentar y demostrar la importancia de su investigación. El problema está en que, como dije antes, nada de esto obliga a los demás a financiarlos. Y creo que la ANIP tiene que hacerse cargo de esta realidad.

Insistir en el financiamiento estatal implica oponerse al desarrollo general de la humanidad. Porque, por muy buenos que sean los descubrimientos de la investigación, la utilización de fondos estatales implica hacer transferencias involuntarias de riqueza para financiarla y estas transferencias involuntarias dañan la utilidad de las inversiones, deterioran la confianza y empobrecen, finalmente, a esa misma sociedad desde donde los investigadores esperan obtener recursos.

Los investigadores solemos ser sumamente laxos moralmente en cuanto al origen de los fondos y a las implicaciones éticas de la investigación. Si no existiesen los comités de ética, habría estudios sobre personas iguales a los que se llevan a cabo con animales. Pero me parece importante entender que, en el caso del financiamiento, aspirar a los fondos estatales implica no solamente codiciar el dinero robado a quienes lo han producido, sino también mermar las bases del desarrollo humano general. Porque este desarrollo, que hemos visto catapultado espectacularmente durante los últimos dos siglos, no está fundado en la transferencia involuntaria de riqueza, sino en la creación de ella por intermedio de los intercambios voluntarios.

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