La economía cubana atraviesa desde hace años una crisis profunda, marcada por una inflación galopante que erosiona el poder adquisitivo de la población y agrava las condiciones de vida. En este contexto, surge una premisa clave: cualquier medida antiinflacionaria efectiva requiere, de manera ineludible, la reanimación del sector productivo nacional. Sin embargo, este objetivo no puede lograrse sin un cambio estructural profundo que trascienda las soluciones superficiales y aborde las raíces del estancamiento económico.
Una revitalización de la producción pasa por el reconocimiento y fortalecimiento del sector agropecuario privado, así como por la promoción de pequeñas y grandes empresas privadas, lo que implicaría una nueva reforma (no solo agraria) adaptada a los desafíos de nuestro contexto y en consonancia con el mundo.
Nuestro país, históricamente dependiente de las importaciones y de un modelo económico de planificación centralizada, ha visto cómo su capacidad productiva interna se deteriora progresivamente. La agricultura, pilar tradicional de la economía, enfrenta problemas estructurales como la falta de incentivos, el acceso limitado a insumos y tecnología, y una burocracia que frena la iniciativa privada. A ello se suma la escasa diversificación de la economía, lo que deja al país vulnerable a shocks externos, como la caída del turismo, por ejemplo. En este escenario, la inflación no es solo un reflejo de la escasez de divisas o del aumento de los precios globales, sino también de una oferta interna incapaz de satisfacer la demanda básica.
Las medidas antiinflacionarias que por "tradición" han implementado, como el control de precios o la inyección de liquidez, no solo han demostrado ser invisibles sino contraproducentes. Sin una base productiva sólida, estas políticas terminan alimentando el mercado negro y profundizando la desconfianza en el sistema económico. Por ello, la solución pasa por un enfoque estructural que reactive la producción desde su núcleo: el campo y la empresa privada.
El sector agropecuario privado ha mostrado -en los márgenes en que se le ha permitido operar- un potencial significativo. Los campesinos y cooperativas que han recibido tierras en usufructo han incrementado la producción en ciertas áreas (incluso con menor áreas cultivables, tiene mayor peso en la producción que el sector estatal en muchos renglones, como se puede observar en la gráfica expuesta por el Doctor en Economía Pedro Monreal en una publicación en su red social X) pero su desarrollo sigue limitado por regulaciones restrictivas y la falta de un marco legal que les otorgue autonomía real. Reconocer plenamente a este sector no basta; es necesario potenciarlo con políticas que incluyan acceso a créditos, inversión extranjera directa, mercados libres para vender sus productos y la posibilidad de importar insumos sin intermediarios estatales.
Una nueva reforma agraria se perfila como el primer paso hacia este objetivo. A diferencia de la reforma de los años 60, que buscó colectivizar la tierra, esta debería enfocarse en descentralizar la propiedad y la gestión, promoviendo la iniciativa privada. Esto implicaría no solo redistribuir tierras ociosas, sino también garantizar que los productores tengan los recursos y la libertad para hacerlas productivas. En un país donde la importación de alimentos consume una parte significativa de las divisas (muy escasas) aumentar la producción agropecuaria local reduciría la presión inflacionaria al estabilizar parte de la oferta de bienes esenciales.
Más allá del campo, la creación y fortalecimiento de pequeñas y grandes empresas privadas es esencial para diversificar la economía y generar empleo. Durante décadas, el modelo gubernamental cubano ha priorizado el monopolio estatal, relegando al sector privado a un papel secundario y vigilado. Sin embargo, la reciente apertura a las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) ha evidenciado que, con mínimas oportunidades, estas pueden contribuir a la economía de manera notable. No obstante, su desarrollo sigue restringido por el propio contexto lleno de problemas económicos, trabas burocráticas, inseguridad jurídica, impuestos elevados y la falta de un mercado mayorista accesible de insumos y divisas.
Potenciar este sector implicaría un cambio de paradigma: pasar de verlo como un "complemento" a considerarlo un actor estratégico (como naturalmente lo es). La creación de pequeñas, medianas y grandes empresas privadas agropecuarias, no solo podrían absorber parte de la fuerza laboral subempleada hoy en el sector estatal, sino también innovar en áreas como la tecnología, los servicios y la industria ligera, reduciendo así la dependencia de las importaciones. Este dinamismo, además, generaría ingresos fiscales que el Estado podría reinvertir en sectores clave como la salud, la educación y la energía (más hoteles no, por favor).
Implementar estos cambios no estará exento de obstáculos. Por un lado, existe una resistencia ideológica arraigada en sectores del gobierno y la sociedad que ven en la propiedad privada una traición a "los principios revolucionarios" o simplemente "los malos de la película". Por otro, la falta de capital inicial y la desconfianza de los inversionistas, tanto internos como externos, podrían ralentizar el proceso. A ello se suma la necesidad de una reforma colegiada que evite desigualdades extremas o la especulación con la tierra.
Sin embargo, la crisis actual no deja margen para medias tintas. La inflación, que desde 2020 a alcanzado niveles históricos, unido a la emigración masiva de jóvenes en busca de oportunidades y la grave crisis en sectores como la Energía, Transporte, Salud...reflejan un sistema al límite.
En Cuba, combatir la inflación exige más que ajustes monetarios o controles temporales; requiere una transformación profunda que coloque al sector productivo en el centro de la estrategia. Reconocer y potenciar el sector agropecuario privado, junto con la creación de un tejido empresarial robusto, son pasos ineludibles para lograrlo. Una nueva reforma agraria, adaptada a las realidades actuales, podría ser el catalizador de este cambio, devolviéndole a la economía cubana la capacidad de sostenerse y crecer. Solo así se podrá romper el ciclo de crisis y construir un futuro donde la estabilidad económica no sea una utopía, sino una realidad tangible.
Una reforma estructural que reactive el sector productivo no solo es una medida económica, sino una necesidad social para todos, y en especial, para los que queremos producir recuperemos la esperanza de poder "hacer patria" en nuestra Patria.
English version
The Cuban economy has been mired in a profound crisis for years, characterized by runaway inflation that erodes the purchasing power of the population and exacerbates living conditions. In this context, a key premise emerges: any effective anti-inflationary measure inevitably requires the revitalization of the national productive sector. However, this goal cannot be achieved without deep structural changes that go beyond superficial solutions and address the root causes of economic stagnation.
Revitalizing production hinges on recognizing and strengthening the private agricultural sector, as well as promoting both small and large private enterprises. This would entail a new reform (not just agrarian) tailored to the challenges of our current context and aligned with global trends.
Historically dependent on imports and a centralized economic planning model, our country has seen its domestic productive capacity steadily deteriorate. Agriculture, a traditional pillar of the economy, faces structural issues such as a lack of incentives, limited access to inputs and technology, and bureaucratic hurdles that stifle private initiative. Additionally, the economy's lack of diversification leaves the country vulnerable to external shocks, such as the decline in tourism. In this scenario, inflation is not merely a reflection of currency shortages or rising global prices, but also of a domestic supply unable to meet basic demand.
Traditional anti-inflationary measures, such as price controls or liquidity injections, have proven not only ineffective but counterproductive. Without a solid productive base, these policies end up fueling the black market and deepening distrust in the economic system. Therefore, the solution lies in a structural approach that revitalizes production at its core: the agricultural sector and private enterprise.
The private agricultural sector has shown significant potential, even within the limited margins in which it has been allowed to operate. Farmers and cooperatives that have received land through usufruct agreements have increased production in certain areas (even with less arable land, they contribute more to production than the state sector in many areas, as highlighted by economist Pedro Monreal in a post on his X social media account). However, their development remains constrained by restrictive regulations and the lack of a legal framework that grants them real autonomy. Fully recognizing this sector is not enough; it must be empowered with policies that include access to credit, foreign direct investment, free markets to sell their products, and the ability to import inputs without state intermediaries.
A new agrarian reform is the first step toward this goal. Unlike the 1960s reform, which aimed to collectivize land, this one should focus on decentralizing ownership and management, promoting private initiative. This would involve not only redistributing idle land but also ensuring that producers have the resources and freedom to make it productive. In a country where food imports consume a significant portion of scarce foreign currency, increasing local agricultural production would reduce inflationary pressures by stabilizing the supply of essential goods.
Beyond agriculture, the creation and strengthening of small and large private enterprises are essential for diversifying the economy and generating employment. For decades, the Cuban government model has prioritized state monopolies, relegating the private sector to a secondary and heavily monitored role. However, the recent opening to micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) has shown that, even with minimal opportunities, these businesses can make a notable contribution to the economy. Yet, their growth remains hindered by economic instability, bureaucratic obstacles, legal insecurity, high taxes, and the lack of accessible wholesale markets for inputs and foreign currency.
Empowering this sector would require a paradigm shift: moving from viewing it as a "complement" to recognizing it as a strategic player (as it naturally is). The creation of small, medium, and large private agricultural enterprises could not only absorb part of the underemployed labor force currently in the state sector but also drive innovation in areas like technology, services, and light industry, reducing dependence on imports. This dynamism would also generate tax revenues that the state could reinvest in key sectors such as health, education, and energy (no more hotels, please).
Implementing these changes will not be without challenges. On one hand, there is entrenched ideological resistance within certain government and societal sectors that view private property as a betrayal of "revolutionary principles" or simply as "the villains of the story." On the other hand, the lack of initial capital and the distrust of both domestic and foreign investors could slow the process. Additionally, a collaborative reform is needed to prevent extreme inequalities or land speculation.
However, the current crisis leaves no room for half-measures. Inflation, which has reached historic levels since 2020, coupled with the mass emigration of young people seeking opportunities and severe crises in sectors like energy, transportation, and healthcare, reflects a system on the brink.
In Cuba, combating inflation requires more than monetary adjustments or temporary controls; it demands a profound transformation that places the productive sector at the center of the strategy. Recognizing and empowering the private agricultural sector, along with creating a robust entrepreneurial ecosystem, are indispensable steps toward this goal. A new agrarian reform, adapted to current realities, could be the catalyst for this change, restoring the Cuban economy's ability to sustain and grow itself. Only then can the cycle of crisis be broken, paving the way for a future where economic stability is not a utopia but a tangible reality.
A structural reform that revitalizes the productive sector is not just an economic measure but a social necessity for all, especially for those of us who want to produce and reclaim the hope of "building our homeland" within our homeland.
