Entregar a un hijo sano, lleno de vida y con todo un futuro por delante, para luego recibirlo en un ataúd es una pesadilla de la que ninguna familia debería tener que despertar. Y sin embargo, en Cuba, esa pesadilla se ha vuelto la realidad de decenas de madres y padres que vieron cómo el Estado se llevaba a sus muchachos para cumplir con un Servicio Militar obligatorio y devolverlos en silencio.
Los números congelan la sangre: al menos 89 jóvenes muertos en la última década. Detrás de cada cifra no hay solo un dato estadístico; hay un cuarto que quedó vacío, una mesa donde falta una silla, una madre que guarda la ropa intacta de su hijo esperando una respuesta que nunca llega. Lo más desgarrador es la impunidad y la falta de empatía. Accidente, suicidio, "fatalidad"... las explicaciones oficiales suelen ser breves, frías y casi siempre dejan más dudas que certezas. Cuando las familias piden explicaciones, encuentran silencio, encogimiento de hombros y carpetas archivadas sin responsables.
Que adolescentes de 16, 17 o 18 años terminen perdiendo la vida frente a incendios devastadores, manejando armas para las que no están preparados o sucumbiendo a una presión psicológica que sus mandos prefirieron ignorar, no es una fatalidad inevitable. Es el resultado de un sistema que trata la vida de los jóvenes como un recurso prescindible.
Duele profundamente pensar en esos muchachos que jamás llegaron a graduarse, a enamorarse, a formar una familia o simplemente a vivir la juventud que les tocaba. Ningún país debería exigir la vida de sus hijos a cambio de un uniforme, ni ninguna familia debería vivir con el miedo constante de que el deber militar se convierta en una sentencia de muerte. El dolor de estas familias es el dolor de toda una nación que ve marchitarse a su juventud antes de tiempo.