Maduro dijo que cada petro, que equivale a los 60 dólares que vale el barril de crudo venezolano, tendrá un valor de 3.600 bolívares soberanos, o 360 millones de los actuales bolívares, lo que implica una nueva tasa de cambio de referencia muy por encima de la oficial vigente y que puede acelerar aún más la hiperinflación.
Bajo el único mecanismo de venta de divisas oficiales, el Dicom, muy pocas empresas conseguían dólares a una tasa de 248.832 bolívares en las últimas semanas.
“Vamos a establecer un solo tipo de cambio fluctuando anclado al petro y fluctuará también con lo que va a ser el mecanismo económico de anclaje al petro”, dijo Maduro en cadena de radio y televisión la noche del viernes en el palacio presidencial.
El mandatario ordenó también aumentar 36 veces el salario mínimo, que de ahora en adelante usará como referencia el patrón del petro.
Cada trabajador pasará a ganar 1.800 bolívares soberanos, el equivalente de 180 millones de bolívares actuales, según Maduro. La medida será una enorme carga para las empresas, que hasta ahora usaban como referencia un salario mínimo de 5 millones de bolívares actuales.
"Con el fin de brindar las condiciones que garanticen el ingreso ordenado y seguro de los ciudadanos venezolanos al Perú, se ha dispuesto el requisito de presentación de pasaporte a partir de las 00:00 horas del sábado 25 de agosto de 2018", dijo el ministro en rueda de prensa.
Al denunciar la "detención ilegal de cientos de presos políticos" en el país petrolero, la representación diplomática destacó el caso de Requesens, apresado el pasado 7 de agosto y señalado como cómplice de los hechos.
"Condenamos la detención ilegal de cientos de presos políticos, muchos sin el debido proceso. El caso de Juan Requesens es el último ejemplo en una larga letanía de abusos de derechos humanos por parte del gobierno de Maduro", escribió la embajada en su cuenta de Twitter.
Hasta ahora suman 14 los detenidos por la detonación de dos drones cargados con explosivos cerca de la tarima en la que Maduro daba un discurso durante un desfile de la militar Guardia Nacional, el 4 de agosto en Caracas.
Además de Requesens, están presos el general de división de la Guardia Nacional Alejandro Pérez Gámez y el coronel Pedro Zambrano, a quienes se les imputó, entre otros, el delito de "homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del presidente".
Dirigentes opositores aseguran, sin embargo, que se trata de una "farsa" de Maduro para justificar la represión contra sus adversarios y distraer la atención de la grave crisis económica.
En total, según el gobierno, hay 34 presuntos implicados en el ataque, entre ellos el expresidente del Parlamento, de mayoría opositora, Julio Borges, residenciado en Colombia.
El mandatario socialista acusó al expresidente colombiano Juan Manuel Santos de planear el atentado en su contra y aseguró que varios de los colaboradores están en Estados Unidos, Colombia y Perú.
Maduro informó que su gobierno inició las "acciones diplomáticas" para que esos países entreguen a la justicia venezolana a los atacantes y dijo que estaría dispuesto a aceptar la colaboración del FBI en las investigaciones.
El pasado martes, un portavoz del Departamento de Estado declaró a la AFP que Washington "investigará actividades ilegales dentro de sus fronteras si el gobierno de Venezuela proporciona evidencia legítima".
John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump, afirmó por su parte que Washington no está involucrado en el atentado.
"No hubo ninguna participación del gobierno estadounidense en lo sucedido ahí", señaló Bolton a la cadena Fox.
