Si bien es cierto que el capital como fuente generadora de riqueza, bienestar y desarrollo, fue, es y seguirá siendo indispensable para el progreso sostenible de una sociedad robusta y vigorosa. Tampoco es menos cierto que siempre y en todos los casos, el capital debe ser regulado y reglamentado por una legislación firme, amplia y cristalina de manera que se resguarden los derechos de todos los sectores económicos de la sociedad, muy especialmente los sectores más frágiles de la sociedad, de manera que se logre el máximo equilibrio posible fundamentado, siempre, en la transparencia de unos legisladores justos y sensatos, evitando así los peligrosos desafueros característicos de la ambición desmedida y la codicia de algunos capitalistas que anteponen sus intereses personales a los de su propia comunidad.
Sin embargo y muy a pesar de ello, mucho más peligroso sería la promulgación de leyes que pretendan regular el capital bajo la influencia nefasta del ego, la soberbia y el resentimiento social de algunos legisladores con marcadas inclinaciones comunistas y que por regla general terminan comprometiendo el estado de derecho y la estabilidad económica y social de todo un país.
En caso contrario estaríamos creando una sociedad anárquica y depredadora donde, forzosamente, terminaríamos por devoraros los unos a los otros y donde la única consigna sería:
SÁLVESE QUIEN PUEDA
