Ciertamente, la protesta social pacífica es un derecho constitucional y fundamental en la mayoría de los Estados democráticos. Está íntimamente ligado a la libertad de expresión, la libertad de reunión y el derecho a la participación ciudadana. En el ordenamiento jurídico venezolano, por ejemplo, el Artículo 68 de la Constitución consagra expresamente que los ciudadanos tienen derecho a manifestar, de forma pacífica y sin armas.

Pero como en toda legislación, “el papel lo aguanta todo” y muchos ciudadanos infiltrados se integran a estas manifestaciones con el fin de empañarlas. Cuando yo era estudiante universitario, una protesta tenía eco, sin existir internet ni redes sociales. Hoy, pese a la inmediatez, la gente se escuda detrás de las pantallas para manifestar. Nadie quiere arriesgar “el pellejo” participando en vivo en una revuelta para exigir sus derechos, pues se corre el riesgo de jamás regresar a casa…